Zaragoza/Madrid.- Aragón, junto con el resto de Comunidades Autónomas, se ha comprometido a plantear ante el Parlamento autonómico, en un plazo máximo de seis meses, la aprobación de una regla de gasto con la ya aprobada para el Estado y las entidades locales. Sin embargo, no hubo acuerdo dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera en los criterios para fijar este tope de gasto, ya que las regiones entendían que la propuesta del Ministerio, que cambió en las últimas horas, era “cosmética”.
El contenido de la regla autonómica de gasto será definido por un grupo de trabajo que se reunirá en septiembre con el fin de dotar de homogeneidad a dicha norma. No obstante, ya se ha señalado que tendrá que tener en cuenta el crecimiento del PIB de años anteriores y la estimación para los ejercicios futuros a nivel estatal.
En este sentido, el consejero aragonés de Hacienda y Administración Pública, Mario Garcés, ha señalado, a su salida del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que ese "compromiso" ya lo ratificó la propia presidenta de la Comunidad, Luisa Fernanda Rudi, durante el debate de investidura en el que se pretende fijar un "techo de gasto para poder disciplinar toda la operatoria disciplinaria en nuestra región".
En opinión de Garcés en un momento como el presente de "graves desequilibrios" económicos y de "importantes presiones" de los mercados es "necesario" mantener una línea responsable que se traduce en la obligación de atender los compromisos de estabilidad presupuestaria.
Garcés también ha afirmado que “se está trabajando intensamente para intentar lograr los objetivos impuestos por el Gobierno, aunque pueden existir dificultades si afloran gastos ya realizados pendientes de imputar a presupuesto”.
El Departamento de Hacienda y Administración Pública del Ejecutivo autonómico ofrecerá todos los datos a este respecto tan pronto como culmine la auditoría en curso.
Por otro lado, el Consejo de Política Fiscal y Financiera ha aprobado, con la abstención del bloque gobernado por el PP, el objetivo de estabilidad para el período 2012-2014. Cada Comunidad podrá incurrir en un déficit equivalente al 1,3% de su PIB regional para 2012, al 1,1% en 2013 y al 1% en 2014.
Los once consejeros responsables de las cuentas públicas del Partido Popular han entrado juntos a la sede del Ministerio de Economía y Hacienda para escenificar el nuevo poder autonómico nacido de las pasadas elecciones del mes de mayo. Y todos en bloque han rechazado que el Gobierno se negara a establecer un procedimiento reglado de concesión de avales del Estado a las emisiones de deuda autonómica debido a las dificultades que las administraciones públicas están encontrando en los mercados para financiarse, que se han incrementado en los últimos meses con una prima de riesgo disparada debido a la desconfianza de los inversores en la deuda española.
A pesar de ello, la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha señalado que "no podemos avalar porque está taxativamente prohibido por Ley", aunque ha aseverado que la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera fue "útil y fructífera". De la misma opinión fue el vicepresidente de Política Territorial, Manuel Chaves, quien ha indicado que finalmente "la sangre no ha llegado al río".
