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Domingo, 21 de julio de 2019
Política
13/12/2012

Los profesores aragoneses ya son autoridad pública

Noelia Fragoso Delgado

Zaragoza.- El Pleno de las Cortes ha dado luz verde este jueves al Proyecto de Ley de Autoridad del Profesorado con los votos a favor del PP y PAR y la oposición frontal de PSOE, CHA e IU, que han presentado enmiendas, que han sido rechazadas. Mientras los primeros han defendido que beneficia a la labor de los docentes, los segundos han mantenido que no es necesario y que lo que hacen falta son recursos para la educación pública.

La Ley tiene por objeto reconocer la autoridad pública del profesor y fomentar la consideración y el respeto que le son debidos en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades con la finalidad de mejorar la calidad del sistema educativo y garantizar el derecho a la educación.

Tras su aprobación, el profesorado goza de la protección reconocida por la legislación vigente y en el ejercicio de las competencias correctoras o disciplinarias los hechos constatados por el profesional gozan de la presunción de la veracidad en la instrucción de conductas que sean contrarias a las normas de convivencia.

La diputada popular María José Ferrando, que ha presentado el dictamen de la Comisión de Educación sobre el Proyecto de Ley de autoridad del profesorado en la Comunidad Autónoma de Aragón, ha asegurado que es un asunto muy importante para los docentes.

Ésta ha explicado que se trata de una respuesta a “los frecuentes casos de acoso y presiones sufridas por los profesores”, afirmando que el servicio del sindicato de profesores ANPE de defensor del profesor ha recibido en Aragón un 64% de llamadas de profesores de Secundaria, un 22% de Primaria, un 9% de Ciclos formativos y un 6% de Infantil, dando casi un 45% de denuncias con problemas a la hora de dar clase. Así, ha incidido en que en las comunidades autónomas con esta ley las bajas laborales han disminuido un 4%, los estados de ansiedad en dos puntos y las depresiones en un 6%. Eso sí, la popular no ha especificado el número de denuncias que ha recibido el servicio sindical. En datos recabados por ARAGÓN PRESS la cifra de denuncias en 2010-2011 ascienden a 88.

Por su parte, la diputada del PAR María Herrero ha insistido en que este texto “tuvo una buena acogida” entre la comunidad educativa cuando se presentó y ha criticado que la oposición lo rechace “sólo porque viene de este Gobierno” y que “eso es estar en contra, nada más que por estar en contra”. Aún así, ha admitido que “no es la mejor ley”.

En contra

Aliaga, Serrat y Blasco
Aliaga, Serrat y Blasco, en el Pleno

En contra, el diputado de CHA Gregorio Briz ha explicado que no se trata de “volver al modelo rancio, autoritario, jerárquico y de vuelta a la tarima”, sino de aportar prestigio y valorar socialmente el papel de los profesores con más recursos y medios. El grupo de CHA planteó una enmienda a la totalidad, ya considera que no es necesario, dado que la ley ya ampara a los docentes “llevando a una judicialización de la vida educativa”.

Por su parte, el Grupo Parlamentario de IU ha defendido también una enmienda a la totalidad. Su portavoz, Adolfo Barrena, ha mantenido la misma línea de CHA, rechazando la “autoridad” total de los docentes bajo un concepto “antidemocrático e inconstitucional”, “saltándose principios básicos y fundamentales”. Según ha argumentado Barrena, este proyecto obliga a facilitar datos personales de los alumnos que transgrede la Ley de Protección de Datos, así como otros puntos similares como obligar además a los niños a pedir perdón a los profesores si se lo exigen, “tengan o no razón”. Para el izquierdista la solución está también en el aumento de recursos para la educación pública, en planes de convivencia y no “con la porra y el pito”, que para Barrena son “clarísimas connotaciones fascistas”.

Finalmente, la diputada socialista Mayte Pérez ha puesto el énfasis en que es un proyecto no necesario, ya que existe la carta de derechos y deberes y ha hablado de “ocurrencia traída al siglo XXI”. “Para mí no es un día grande, señora Ferrando. Tampoco para los profesores, que están manifestándose hoy en defensa de la educación pública”, ha añadido. Así, ha sentenciado que “no resuelve nada, sino que genera más problemas”. El Grupo Parlamentario Socialista también presentó una enmienda a la totalidad, dado que apuesta por educar en valores democráticos, la participación de la comunidad educativa y la mediación y planes de convivencia para resolver conflictos. 

Respuesta de padres y madres

En Fecapa se muestran a favor de esta Ley puesto que piensan “que algo había que hacer” ya que la situación del profesorado había llegado a unos niveles “preocupantes” y, sobre todo, “muy extremos”, según ha declarado su presidente, Pedro Martínez, “se han producido casos no importantes en número pero sí en gravedad”.

“Llevamos años diciendo que estamos en un sistema educativo agotado, doce años con este sistema son muchos y hay que solucionar el fracaso escolar, y por lo tanto, fracaso social, que tenemos y evidentemente hay que acudir a una transformación dirigiéndolo a familia y escuela, sin partidismos políticos ni sindicales”, ha afirmado el presidente de Fecapa.

Por otro lado, los miembros de Fapar no acercan postura con esta aprobación. Consideran que esta Ley no era necesaria “y menos en este momento”. Afirman que la autoridad del profesorado no se impone por una ley, sino que su propia profesionalidad ya les concede esa autoridad. “Con esto, lo único que conseguimos es agrandar las distancias entre profesores y padres y abrir una brecha que nos parece innecesaria”, ha afirmado el presidente de Fapar, Juan Ballarín.

Fapar propone trabajar aspectos de convivencia y hacerla más humana, además su presidente asegura que “buen sector del profesorado tampoco esta a favor de ella, pero hay que trabajar en la convivencia en los centros, aunque no a base de estas leyes autoritarias”.  

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