Zaragoza.- Las Cortes de Aragón han aprobado unánimemente instar al Gobierno de Aragón para que se dirija al Gobierno de la Nación para que, ante la incertidumbre del sector del carbón en Europa y especialmente en España, se realicen las gestiones oportunas con el fin de que el Proyecto de Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética no penalice la competitividad del carbón en el mercado eléctrico y se mantenga en igualdad de condiciones que la generación de electricidad con gas desde el respeto a la sostenibilidad medioambiental, social y económica.
Asimismo se ha aprobado gracias a la abstención del PP que se modifique el esquema fiscal que establece el Proyecto de Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética sobre la cogeneración, tanto en el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica como en el impuesto para el consumo de gas natural, con el objeto de que se garantice la viabilidad de las instalaciones existentes y permita retomar la senda del crecimiento de este tipo de tecnologías energéticas eficientes que contribuyen a mejorar la competitividad de los procesos productivos y consolidan la industria aragonesa.
El portavoz del PAR, Alfredo Boné, ha presentado esta proposición no de ley por considerarla “muy importante para los intereses de Aragón presentes y de futuro”. Éste ha explicado que el Proyecto de Ley del Gobierno central modifica siete tributos argumentando que es necesario cubrir los costes del sistema eléctrico por el déficit tarifario, calculado en 24.000 millones de euros.
Sí que apoya la creación de un marco regulatorio que resuelva el problema, pero entiende que se debe resolver desde una reforma estructural del mercado eléctrico y, en su caso, después, modificar el fiscal.
Lo hace porque para la Comunidad “tiene graves consecuencias” para la economía aragonesa y los puestos de trabajo. Cuatro razones lo sustentan, ha dicho Boné, porque frena a la industria actual de generación eléctrica, cuando Aragón exporta la mitad de su energía siendo un elemento de competitividad; se dificulta más el crecimiento energético añadiéndole la suspensión de primas para algunos subsistemas; el efecto dominó, porque se penaliza la cogeneración por la que se ha apostado en las empresas de la Comunidad con más de cien puestos de trabajo y que gracias a ello son competitivas como Saica o General Motors, con unos 60 millones de euros al año de penalización; y, finalmente, perjudicar el carbón. Por ello, los senadores del PAR se han abstenido en el veto a estas medidas fiscales en Madrid.
También IU se ha mostrado en contra de estas medidas del Ejecutivo central por considerar que hay que poner un nuevo modelo energético sobre la mesa. Y habla de que los ingresos vayan destinados a reinversión a nuevas tecnologías y reinversión para actualizarse las empresas, así como para los territorios con afecciones medioambientales. El diputado Luis Ángel Romero ha refrendado las razones de Alfredo Boné y ha planteado una enmienda, transaccionada por el PAR, para pedir que se realicen gestiones para que el proyecto del Gobierno no penalice la competitividad del carbón en el mercado eléctrico hasta que “se despeje su futuro”.
Por su parte, el diputado de CHA José Luis Soro ha manifestado que el debate hoy en el Pleno es “una sandez”, porque la Ley está a punto de aprobarse en el Congreso y ha criticado que el mismo Partido Aragonés no ha presentado enmiendas en el Senado, “Llegamos tarde, cuando quienes debían haberlo defendido, no lo han hecho”, ha sentenciado. Por todo ello, el Grupo se ha abstenido.
Por el contrario, el socialista José María Becerril ha matizado que no se habla de la dependencia de los combustibles fósiles, de la emisión de gases de efecto invernadero, etc y que se penalizará la competitividad de las empresas y al mix energético. “Acabando con el modelo productivo de los aragoneses, basado en las energías renovables”, ha sentenciado.
El voto del PP absteniéndose en el segundo punto ha sido explicado por su diputada María Teresa Arciniega, quien ha argumentado que el alto volumen del déficit tarifario obliga a esta ley del Gobierno de Mariano Rajoy, así como para corregir unas cifras que irían aumentando con los años. “Lo que está claro es que la solución pasa por aumentar los ingresos y disminuir los costes. Una decisión equitativa y de avance de una política energética por desarrollar”, ha manifestado y ha negado que estén en contra de las energías renovables ni que éstas sean penalizadas.
