Un juzgado no ve delito en el "escrache" al diputado popular Santiago Lanzuela

La denuncia contra la Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Teruel por coacciones e injurias a Santiago Lanzuela ha sido sobreseída por el juzgado de instrucción. El magistrado considera que la protesta fue pacífica y que las injurias no son tal, sino unas declaraciones contra la percepción de dietas en su condición de político.

Zaragoza.- El juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Teruel ha sobreseído la causa abierta por el "escrache" al diputado del PP Santiago Lanzuela. El magistrado declara que los hechos no son constitutivos de infracción penal y archiva las actuaciones, aunque contra ello cabe interponer recurso.

Los hechos a los que se refiere ocurrieron el 14 de abril de 2013, cuando varias personas convocadas por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Teruel llevaron a cabo una marcha por diversas calles de la localidad de Cella, por estar domiciliado en la misma el diputado del PP y ex presidente de Aragón, Santiago Lanzuela.

Estos, dice el magistrado, y según los informes del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil, habían comunicado la acción previamente a la Subdelegación del Gobierno y al alcanzar el control de seguridad que se estableció al comienzo de la calle en la que Lanzuela tiene fijada su residencia, solicitaron autorización para depositar una carta en su buzón. Al serles denegado, leyeron un comunicado a los medios y se disolvieron "sin que realizaran descalificaciones, ni produjeran agresiones verbales o físicas a la fuerza de seguridad actuante, transcurriendo el acto de manera pacífica hasta su finalización", estima el juez.

La ausencia de violencia, indica, excluye las coacciones que se denunciaban. En cuanto a la ampliación de la denuncia por parte del diputado por injurias, el juez sobresee también esta cuestión y considera que las declaraciones vertidas en los medios criticando la percepción por el denunciante de una dietas por desplazamientos desde Cella a su lugar de trabajo en Madrid y que cifraba en 1.800 euros, tampoco aprecia la concurrencia de conducta injuriosa al ser dichas declaraciones no centradas en la persona del denunciado, "sino en su condición de político, criticando sus retribuciones como tal".

Además, en el auto se señala que tales críticas no podrían ser tenidas en el concepto público por graves.  No obstante, el propio Santiago Lanzuela ha confirmado a ARAGÓN PRESS que esta semana va a interponer un recurso de reforma y subsidiario de apelación ante la Audiencia Provincial de Teruel.

La decisión del juzgado turolense difiere de la tomada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón con respecto a una movilización de similares características al diputado Eloy Suárez en su domicilio de Zaragoza. Los magistrados señalaron que “no pueden utilizarse las concentraciones ante los domicilios como medio de presión para mover la voluntad de un representante de un Estado democrático, donde existen cauces de participación pública y política”.