Zaragoza.- El carbón aportó en 2012 el 22% de la energía nacional. Un porcentaje nada desdeñable y que permite apostar por la recuperación del mineral como reserva estratégica. Esta semana se cumple un año de las movilizaciones de las comarcas mineras aragonesas, leonesas y asturianas que llevaron a manifestaciones multitudinarias, marchas, encierros en las explotaciones y cortes de carreteras durante meses.
Mineros de hoy y de antaño se unieron para rechazar el recorte del 63% de las ayudas para la producción del carbón. Reducción que significaba 189,63 millones de euros menos que obligarían a las empresas encargadas de las minas, Samca y Carbonífera del Ebro (explotan las dos subterráneas) Endesa y Compañía General Minera (se encargan de las cuatro a cielo abierto junto con Samca), a echar el cierre y dejar en la calle a 539 trabajadores.
Todos ellos defendieron la necesidad de su inclusión en el mix energético así como tiempo e inversiones en la captura y almacenamiento de CO2 para que el carbón sea una energía limpia. Aseguraron que su trabajo es rentable. Y es que en 2011 se produjeron un total de 0,6 millones de toneladas de carbón en las subterráneas y 1,7 millones de toneladas en las de cielo abierto, lo que supuso el 30% del volumen de producción nacional sólo con el 6% de los trabajadores del país en esta materia.
No sólo los mismos mineros reclamaron su importancia, sus familias los defendieron en la tribuna del Congreso de los Diputados y a las puertas de este escenario de representación democrática. Ellos se parapetaron ante las Cortes de Aragón para hacer ver su enfado y provocaron momentos de tensión en el Parlamento.
"El pozo María Luisa" y "Santa Bárbara bendita" pusieron la banda sonora a unos días de lucha de la población de las cuencas, acompañaron a la marcha negra y a los alcaldes reunidos, sin diferencia entre partidos, en pos del futuro de sus pueblos: Andorra, Ariño, Estercuel, Gargallo y Mequinenza.
Más de dos meses de huelga y una general apoyada al 100% en localidades como Ariño y Andorra volvieron a respaldar las protestas. El 1 de agosto volvían al trabajo por las dificultades económicas de algunas familias y porque agosto es un mes inhábil en política. El Ministerio de José Manuel Soria rechazaba los documentos de consenso llegados desde Aragón y la decepción para los mineros continuaba, porque no se compensaría la reducción del 63%, ni se reconocía el incumplimiento del plan del carbón de 2006 a 2012 así como no se le daba espacio en el mix energético. Y así sigue.
El punto a negociar sería el plan para 2013-2018. Los sindicatos estaban dispuestos a negociar con Madrid, pero Soria advertía de que éste saldría adelante aunque el sector no lo negociase y además negaba el recorte del 63%, justificando en la no ejecución en 2011 de casi 300 millones de euros. Hablaba también de excesos en las ayudas entre 1998 y 2001.
La reunión con el Ministerio de Industria iría bien en 2012, pero no así la Mesa del Carbón. Los primeros despidos relacionados con el sector llegarían a mediados de agosto. Samca no renovaba su acuerdo con la empresa Peal, encargada del movimiento de tierras en la mina "María" de Ariño, lo que hizo que se despidiera a 24 trabajadores.
Un nuevo recorte por parte del Ministerio encendería de nuevo las movilizaciones. Se rebajaba la producción de carbón un 45% en relación a lo que marcaba el Plan Miner de 9,2 millones a cinco millones de toneladas en el conjunto nacional. Mientras, el consejero de Industria e Innovación aragonés, Arturo Aliaga, insistía una y otra vez a Madrid para hacerle ver la productividad de las empresas mineras.
El nuevo recorte hacía llegar al techo de producción a las empresas y podría obligarles a comenzar un expediente de regulación de empleo para el resto del año. Pero finalmente las toneladas para Aragón no fueron 1,5 millones sino 2,5 millones, se mantenía en la Comunidad, pero no a nivel nacional.
El año 2012 acabó con el cierre de la térmica de Escucha después de 42 años de actividad y la empresa EON se acogía así a las 20.000 horas de funcionamiento. Cien trabajadores quedaban en la incertidumbre y se pedían inversiones en la térmica de Andorra para quemar el carbón de Mequinenza de Carbonífera del Ebro que no tenía ya dónde hacerse. Llevar un proyecto para reutilizar la central térmica de Escucha será complicado. Se han estudiado alternativas para su uso como planta de gas y de biomasa que no han sido viables y el Gobierno de Aragón lleva tres años trabajando para perfilar una solución a través de la propuesta de la empresa Térvalis para recuperar la planta. El Circe y varios institutos están tratando de perfilar su viabilidad económica con proyectos que todavía “no están bien trabados”.
Llegó a tener 200 empleados y cerró con 51 en plantilla y 21 subcontratados. De éstos, 24 son prejubilaciones, nueve en prácticas, cinco hasta el cierre, cinco para Escatrón y dos para Andorra. Esto también ha impactado en las cuentas municipales, ya que recibía 120.000 euros al año, así como los 50 camiones que pasaban por el municipio han dejado de pasar y parar en sus restaurantes.
Sus 94.000 toneladas comenzaron a acumularse y de nuevo el consejero Aliaga insistió para desbloquear la situación. Sus peticiones a Endesa, que gestiona Andorra, para que realizara las inversiones necesarias no han cesado desde entonces. La asignación de toneladas le llevaba a perseverar en sus exigencias al secretario de Energía, Alberto Nadal. Este último anunciaría después que el Gobierno central no prorrogaría las ayudas a las quema de carbón más allá de 2014. Las ayudas desaparecerían en 2015, tampoco ayudas a la producción.
El mismo secretario de Estado, Alberto Nadal, se comprometía a ayudar a Aragón para quemar el carbón de Mequinenza, pero días después negaba a Endesa inversión pública para modificar su instalación y que no resultase dañada por el mineral. El carbón sigue sin entrar suficientemente en el sistema con la gran producción de hidroeléctrica y el hueco mayor a las renovables. Además, la central de Andorra tiene una producción baja, de un tercio de lo asignado en el Real Decreto. La tendencia se ha invertido en mayo con más horas y entre dos y tres grupos trabajando. La central necesita 15.000 toneladas para quemar si tiene los tres en marcha, de las que 10.000 son lignitos autóctonos y 5.000 de importación.
Las empresas firman convenios mes a mes y todavía quedan por quemar 500.000 toneladas de 2012 y en el parque de carbones de Andorra tres millones de toneladas están haciendo que llegue al máximo de su capacidad.
El daño lo niegan los sindicatos basándose en un informe del Circe. La Universidad de Oviedo ha presentado un informe que da el sí, pero Endesa sigue manteniendo que le genera problemas y el Ministerio no obliga a la quema.
En ese momento, tampoco se habían pagado las ayudas de 2012. Era febrero de 2013 y no se hacía "por trabas administrativas con Hacienda". "De lo que pedíamos no hemos conseguido nada", sentencia el responsable de minería de CCOO, Antonio Herrero. No se han pagado las ayudas de 2012, se redujeron las partidas en los Presupuestos y no se aplicó el decreto de garantía de suministro. El Gobierno no dio un paso atrás ni se obtuvo la reivindicación del plan 2006-2012. Herrero recuerda que la reunión de agosto con el antiguo secretario de Energía "fue una tomadura de pelo". Una reunión que no ha vuelto a darse hasta febrero de este año y con el nuevo secretario, Alberto Nadal, después de no haberse aplicado el decreto de garantía, la negociación del nuevo plan del carbón y los nuevos recortes así como la extinción del plan anterior.
Los borradores del nuevo plan 2013-2018, advierte Herrero, se han ido recortando en las progresivas reuniones que se han celebrado con los sindicatos. De este modo, asegura que "desde el principio no ha habido negociación, sino planteamientos unilaterales" con recortes en las ayudas, sin hablar prácticamente de reactivación, eliminando la formación, insignificantes bajas incentivadas y la eliminación de las ayudas sociales definitivamente. En esa línea, ni empresas ni sindicatos firmarán el acuerdo.
Ahora, los sindicatos están a la espera y "quien espera desespera y todo el mundo está exaltado y dispuesto a la movilización". En León la situación es más grave y ya hay movilizaciones, mientras en Asturias sólo se salva la empresa pública Hunosa. Aquí en Aragón hasta hace poco la situación estaba complicada al no suscribirse contratos con las empresas eléctricas y con un expediente de regulación de empleo en Carbonífera del Ebro. Pero la intención de compra por parte de Endesa del carbón de marzo y abril de Samca supondrá un respiro. Con todo ello, se espera a que el Ministerio de Industria convoque a los sindicatos para trasladarles su plan, algo que si no ocurre llevará a movilizaciones.
Carbonífera del Ebro lleva tres meses y medio con un expediente de regulación de empleo a punto de estallar, los trabajadores de Samca se han visto obligados a tener vacaciones forzosas en mayo y los trabajadores de las contratas han sido los más perjudicados: en Compañía General Minera fueron despedidos 25 hace casi dos meses y la reducción de plantilla de las contratas de Samca por la reducción de actividad ha sido de 30 empleos.
El 10 de junio el Ministerio de Industria se reunía con las comunidades autónomas mineras para hablar del sector. Las comunidades recibían el encargo de hablar con las empresas mineras para recabar una serie de documentos que tienen que estar incluidos en el plan 2018. Una vez tenga el Gobierno central esta información, el Estado hablará con los sindicatos para establecer qué tipo de ayudas pueden contemplarse y lo enviará a mediados de julio a Bruselas.
A nivel autonómico, los sindicatos volverán a solicitar una reunión con la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, y el consejero de Industria, Arturo Aliaga, ya que la mantenida en febrero no ha tenido fruto. Se remitieron al Ministerio documentos y reivindicaciones que no han sido contestadas. El compromiso era elaborar unos informes de la situación del sector y cómo están los proyectos pendientes de ejecutar del plan anterior, la convocatoria urgente de la Mesa de la Minería para analizar los problemas y buscar soluciones a la central de Andorra que requiere inversiones para cumplir la normativa medioambiental. Se dio entonces la palabra de cumplirlo en un muy corto plazo y ya han transcurrido casi cuatro meses sin nada.
Los mineros no se quedarán de brazos cruzados y pedirán que el Gobierno de Aragón cumpla su promesa de elaborar un plan de reindustrialización de las comarcas mineras. El 27 de octubre todos los grupos parlamentarios de las Cortes aprobaron una proposición de ley para ello y en febrero se pusieron encima de la mesa 2,7 millones de euros "que se han quedado en agua de borrajas".
De no convocar el Ministerio la semana que viene a los sindicatos, las federaciones estatales de los sindicatos se reunirán para pactar movilizaciones. Unas movilizaciones que no serán de la misma índole que el año pasado, porque los trabajadores no están dispuestos a realizar una huelga indefinida y perder los hasta 62 días de sueldo de 2012. Dan poco margen de tiempo para que tome medidas, ya que no hay noticias de éste desde el 5 de febrero. Los mineros que están parados están hartos de no tener actividad por lo que esperan a la convocatoria.
Desde Ariño, su alcalde, Joaquín Noé, indica el "rayo de esperanza" que supone que Endesa vaya a comprar el carbón de marzo y abril y se considera uno de los pocos "privilegiados" por seguir cobrando y trabajando, aunque ha tenido que verse obligado a cogerse vacaciones en mayo. La tensión sigue en Ariño, aunque aguantan gracias a la diversificación de Samca. Noé pide voluntad política del Ministerio para que esas inversiones se den finalmente.
El plan del carbón a 2018 es para los trabajadores de Samca secundario y ponen el énfasis en que Endesa haga las inversiones para que la central de Andorra dure otros 20 años más. Esa inversión se cifra en alrededor de 250 millones de euros para cumplir con la normativa europea que obliga a eliminar los residuos de la combustión a partir de 2018, haciendo modificaciones en la central para poder continuar a largo plazo. Lo difícil será que una empresa invierta ese dinero si no se garantiza una cobertura al carbón en el mix energético para recuperarla, algo que sería complicado en la situación actual y que queda en manos del Ministerio de Energía. La empresa tendrá hasta el 31 de diciembre para decidir si se acoge a las 18.500 horas de Bruselas para cerrar o realiza las inversiones para continuar la vida de la central reduciendo las emisiones. Ya lo hizo invirtiendo 30.000 millones de euros para las emisiones de azufre con su planta de sulfuración.
Una quema limpia
El Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos (Circe) de la Universidad de Zaragoza coordina el proyecto europeo O2GEN capaz de reducir las emisiones de CO2 de las centrales térmicas, haciendo que sean más competitivas y menos contaminantes.
Una iniciativa novedosa enmarcada en la utilización de carbón de forma limpia, que no produce ningún tipo de emisiones contaminantes a la atmósfera, especialmente de CO2. El proyecto O2GEN se centra en el sistema de oxicombustión, que permite utilizar oxígeno puro en vez de aire en la combustión, de forma que los productos resultantes en este proceso son CO2 y vapor de agua.
El problema principal de esta tecnología son los costes porque se necesita energía extra y recursos económicos. Es imprescindible hacer un rediseño global de las instalaciones.
La importancia histórica de Aragón en cuanto a la producción de carbón y su papel como reserva estratégica de este mineral está detrás del 30% de la generación eléctrica realizada en la Europa de los 27 –el 41% en el mundo- y sigue siendo clave en el suministro energético de todo el planeta, con cifras de consumo crecientes año a año. Según estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía, tendrá la misma importancia que el petróleo para el suministro mundial hasta 2030.
