Zaragoza.- La aprobación de la nueva Directiva del Parlamento Europeo, el pasado 21 de mayo, sobre la resolución alternativa de litigios en materia de consumo modifica refuerza varios derechos de los compradores de bienes o servicios y recuerda las obligaciones que deben desempeñar los Estados miembro de la Unión Europea, tal como ha analizado la Asociación de Consumidores San Jorge.
El objeto de la reciente normativa es contribuir al buen funcionamiento del mercado interior europeo garantizando que los consumidores (residentes en territorio comunitario) puedan presentar reclamaciones contra los comerciantes (establecidos en la Unión Europea) ante entidades que ofrezcan procedimientos de resolución alternativa de litigios a nivel nacional y transfronterizo. En el caso de España, los arbitrajes de consumo son la herramienta habitual a la que se recurre.
La Asociación de Consumidores San Jorge hace hincapié en las obligaciones de los Estados, que quedan como garantes de que el proceso de arbitraje se inicie, desarrolle y termine de la mejor forma posible. De esta manera, los países europeos deberán “facilitar el acceso a los procedimientos” que tendrán que ser “eficaces, accesibles, gratuitos” y resueltos en 90 días desde la reclamación.
De igual forma, los Estados “garantizarán que los encargados de dirigir los litigios tengan los conocimientos especializados necesarios y sean independientes e imparciales”. Además de que el consumidor recibirá “información clara y fácilmente comprensible”
La nueva Directiva europea modifica normativas comunitarias existentes de los años 2004, 2006 y 2009.
