Zaragoza.- Libertad provisional sin fianza. Esa ha sido la decisión del magistrado del Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza que ha tomado declaración al funcionario de la Delegación del Gobierno en Aragón que fue arrestado el martes por cohecho. Asimismo, le ha puesto la condición de no volver a su puesto de trabajo, si bien no ha tenido que entregar pasaporte, ni tampoco tendrá que ir días determinados a firmar.
La misma suerte que este jefe de sección de Extranjería, Joaquín María P.A., la han corrido los otros tres arrestados: Ahmed M., Abdesalam Z. y Abdelmajid S. Aunque no han ingresado en el centro penitenciario de Zuera, sí han salido por la puerta del Juzgado de Guardia con la imputación de cohecho, prevaricación, falsedad documental y contra el derecho de los trabajadores.
La declaración de todos ellos ha durado en torno a cuatro horas, siendo la más extensa la del funcionario, que ha sido auxiliado por su abogada Constanza Dufol. Éste ha negado haber realizado una serie de favores a inmigrantes para que agilizaran sus trámites de residencia.
Según ha podido saber ARAGÓN PRESS, durante su testificación no ha sido preguntado por ningún tipo de soborno, si bien se le habría mostrado gran cantidad de informes para que explicara si había tenido algún tipo de implicación en los mismos. La versión de Joaquín María P.A, ha sido en todo momento la de declararse inocente.
En la misma línea han ido el resto de imputados, defendidos por los abogados Celia Gil Lagunas, Antonio Montaner y Ana Hernando, quienes han señalado que sí se conocían, pero del bar Arabian en el que coincidían cuando iban a tomar café. Alguno de ellos sí ha admitido que se hizo tan fuerte la amistad que tanto el funcionario como ellos viajaban a Casablanca en viaje de placer.
Todos estos ciudadanos de origen marroquí han negado ser los contactos entre compatriotas y el funcionario de cara a agilizar los trámites de permiso de residencia. Por supuesto, han negado el haber cobrado alguna cantidad de dinero.
No obstante, según fuentes de la investigación consultadas, habría imágenes de las cámaras de seguridad de la Oficina de Extranjería de la Delegación del Gobierno en Zaragoza en las que se podría ver como estas tres personas iban en determinados días al despacho del funcionario y hablaban con papeles en mano.
El caso continúa bajo secreto de sumario. Mientras continúa la investigación que sigue abierta, la Abogacía del Estado ya anunciado que solicitará este viernes al juez su personación en la causa como acusación particular.
Asimismo, la Delegación del Gobierno de España en Aragón ha incoado al funcionario un expediente disciplinario que incluye la suspensión provisional de sus funciones como medida preventiva.
Desde esta institución se zaguera que esta medida se adopta a la vista de que pudieran haber existido irregularidades que podrían ser merecedoras, en su momento, de sanción administrativa. Este expediente queda en suspenso mientras permanezca abierto el procedimiento penal hasta que se dicte sentencia firme. Sin embargo la suspensión provisional de funciones será eficaz durante los próximos seis meses prorrogables.
Finalmente, la Delegación del Gobierno de España en Aragón ha solicitado formalmente a la Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado la realización de una auditoría de gestión por parte de la Inspección de Servicios del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con el objetivo de velar porque los estándares de calidad prestados desde este organismo mantengan el mejor servicio al ciudadano.
