Zaragoza.- Una denuncia alertó a la Guardia Civil de que un funcionario de Extranjería de la Delegación del Gobierno de España en Aragón estaba regularizando irregularmente a inmigrantes. Un hecho que desembocó en largas horas de pinchazos telefónicos, además de seguimientos que han llevado a la imputación de diez personas, entre ellas ese trabajador público.
Los investigadores no tienen dudas que el brazo ejecutor de dichas “nacionalizaciones” era el funcionario Joaquín María P.A., pero que él necesitaba de otras cuatro personas, Adelmajid S., Ahmed M., Jalal el H. y Abdesalam Z., quienes eran las encargadas de conseguir gente que tuviera que realizar trámites en la Oficina de Extranjería.
Con los inmigrantes captados, principalmente de origen marroquí, Joaquín, según el Instituto Armado, les facilitaba los trámites y les asesoraba sobre los mismos. Su labor iba más allá, ya que era el encargado de resolver los recursos interpuestos sobre resoluciones de denegación.
Las pesquisas llevaron al estudio de gran cantidad de expedientes de los cuales trece, según el sumario de 1.646 folios al que ha tenido acceso ARAGÓN PRESS después de que el Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza lo levantara, han sido resueltos de forma favorable sin reunir los requisitos exigidos por la normativa aplicable para la concesión. Muchos de ellos tenían antecedentes penales, por ejemplo.
Cuando entre las obligaciones era necesario un contrato de trabajo ahí estaba, según se señala en el informe judicial, Abdesalam, que desde su taller de reparación de coches “ofrecía y hacía contrataciones de trabajo”. Algo que fue negado por este encausado, quien afirmó el día de su detención que la explicación a la gran cantidad de altas y bajas en la Seguridad Social se debía “a que muchos no aguantaban el trabajo y se buscaban otro”.
Un papeleo que tenía un precio. El cuerpo benemérito lo cifra entre los 900 y los 3.000 euros, que eran repartidos entre los diferentes miembros de la organización.
Sus teléfonos echaban humos
La Guardia Civil encargada de esta investigación destaca que los miembros de esta organización tenían dos escenarios en los que establecer los acuerdos: bares de Zaragoza y en el interior de las propias oficinas de Extranjería en la Delegación del Gobierno en la capital aragonesa.
De hecho, bajo autorización judicial, realizaron una gran cantidad de seguimientos a los sospechosos en los que se les veía reunirse o hablar de papeles. La pregunta y la respuesta en muchas ocasiones era la misma: “¿Qué tal lo de esta mañana? Bien, lo puedes mirar en Internet"; dando a entender que ya estaba regularizado “el cliente”.
Aunque afirmaron ante el juez que simplemente les unía una amistad, nada más, la investigación deja patente que sus teléfonos, en los que, presuntamente, realizaban las negociaciones, echaban humo. Llegaron a registrar hasta 14.501 llamadas.
La gran mayoría de ellas fueron “pinchadas”, destacando, según el informe que obra en poder del magistrado instructor, que hablaban de papeles, de los requisitos que se necesitaban o que si ya se había conseguido porque había personas nerviosas ante retrasos.
El caso sigue su instrucción. En la causa está personada como acusación particular la Abogacía del Estado. En las defensas están los abogados Celia Gil Lagunas, Constanza Dufol, Mariano Montaner, Ana Herrando, Juan Carlos Macarrón, Ángel Antonio Tejedor, José Luis Vecino, Juan Carlos Urcola y Carlos Castillo, del despacho de Javier Notivoli.
