Zaragoza.- El Juzgado de Instrucción número 1 de La Almunia de Doña Godina ha abierto juicio oral contra los 43 imputados en el caso Molinos, la mayor investigación realizada hasta la fecha contra la corrupción urbanística en Aragón.
De esta forma, el magistrado Alfredo Lajusticia da por cerrada esta fase tras ser presentados los escritos de acusación, si bien ahora es el momento de las defensas para aportar sus alegaciones a las acusaciones de cohecho continuado, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, prevaricación continuada, negociaciones prohibidas a funcionario público, delitos continuados de exacciones ilegales, fraude de subvenciones y falsedad.
El auto, al que ha tenido acceso ARAGÓN PRESS, detalla las acusaciones en las que la Fiscalía pide 263 años de prisión para el total de imputados. La exalcaldesa de la localidad, María Victoria Pinilla, acumula el mayor número de cargos con 24 delitos. La fiscal María Victoria Esponera pide para ella 37 años de cárcel, 165 de inhabilitación para empleo o cargo público y 22.821.000 euros de multa.
La fiscal considera a Pinilla como la presunta artífice de prácticas corruptas a través de la Sociedad Urbanística de La Muela (SULM), que gestionaba Aranade, encargada de urbanizar el municipio. Según indica el señalamiento judicial, la exalcaldesa recibió “un trato de favor, regalos y pagos de dinero” del gerente de Aranade, Julián de Miguel, para el que la Fiscalía pide 26 años de prisión y multas por nueve millones de euros. La fiscal considera que, entre los años 2002 y 2009, la exalcaldesa percibió unos 3,5 millones de euros.
Entre los acusados también se encuentra el empresario y primo de Pinilla, Carmelo Aured, con 11 delitos a su cargo. La representante del Ministerio público pide para Aured 22 años y tres meses de cárcel, un año de inhabilitación para cargo público y una multa de 9.035.000 euros. También está imputado el arquitecto municipal de La Muela Francisco Núñez acusado de 10 delitos. Para él, la Fiscalía pide 20 años y tres meses de prisión, 32 de inhabilitación para el empleo o cargo público y 1.183.000 euros de multa.
Cuando llegó la nueva corporación del Ayuntamiento de La Muela, ésta observó 33 millones de euros de deuda. Ante esta situación, el consistorio ahora presidido por la popular Marisol Aured ha solicitado a su antecesora en el cargo 69 años de cárcel y 228 años de inhabilitación para cargo público, así como el pago de 37 millones de euros en multas.
También reclama 37 años de cárcel para el exarquitecto municipal Francisco Núñez, 76 de inhabilitación y una multa de 14,8 millones; al gerente de Aranade, Julián de Miguel, solicita 38 años de prisión y 62 de prisión. Unas peticiones que continúan hasta completar la lista de 43 encausados.
Por su parte, el Gobierno de Aragón imputa fraude en las subvenciones a Pinilla y a Rodrigo Vela y atribuye ese mismo delito y otro de falsedad documental al exedil Fernando Barba, al arquitecto municipal, Francisco Núñez, y al responsable de la empresa, Antonio Fando. Aunque no les pide cárcel, sí solicita que los cinco acusados sean condenados a devolverle la deuda de 315.677 euros con las supuestas falsas obras de la red municipal del agua.
En el escrito, de 98 folios y con fecha 23 de enero, el magistrado instructor no incluye ningún escrito de acusación del sindicato de funcionarios públicos Manos Limpias que esta misma semana ha sido autorizado para ejercer la acusación popular. Quien también ejercerá esta posición será la Asociación por la Democracia de Aragón, que se ha adherido a las conclusiones del Ministerio Fiscal.
El texto concluye señalando que contra este auto no cabe recurso, excepto en lo relativo a la situación personal del acusado que podrá interponer recurso de reforma, ante este mismo juzgado, en tres días. Uno de los letrados, el de Carmelo Aured, César Ciriano, ya ha anunciado que recurrirá el mismo.
La instrucción con 79.028 folios hasta la actualidad queda rematada con este auto, desde que se destapara esta investigación realizada por el Grupo de Blanqueo de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, con el apoyo de personal de la Agencia Tributaria. En la misma fueron testigos protegidos (actualmente ya no son) la actual alcaldesa del PP, Marisol Aured, y un exconcejal del PAR, Fernando Embarba.
En otoño podría comenzar este juicio en la Audiencia Provincial de Zaragoza cuya duración se estima de varios meses.
