Zaragoza.- La Guardia Civil ve irregularidades en trece expedientes de nacionalización emitidos, supuestamente, por la trama que regularizaba a inmigrantes. El brazo ejecutor, Joaquín María P.A., funcionario de Extranjería en la Delegación de Gobierno de España en Aragón, lo ha negado.
Ante el magistrado del Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza, este hombre ha asegurado que nunca ha cobrado nada, tal y como aparece en la investigación, adelantada por ARAGÓN PRESS, en la que se señala unos cobros por estos trámites ilegales de entre los 900 y los 3.000 euros, que eran repartidos entre los diferentes miembros de la organización.
También ha señalado que otras cuatro personas imputadas, Adelmajid S., Ahmed M., Jalal el H. y Abdesalam Z., quienes para el Instituto Armado eran los “captadores”, eran amigos, pero nada más. Ha reconocido que se iba a ver el fútbol, a comer o a viajes, pero sin nada detrás.
Este trabajador público ha querido dejar claro que es normal que le vieran con personas que necesitaban papeles porque “en mi trabajo he informado a otros compañeros, abogados, policías o usuarios, entendiendo desde la amistad, sin ningún otro ánimo”.
Las pesquisas llevaron al estudio de gran cantidad de expedientes de los cuales trece, según el sumario de 1.646 folios han sido resueltos de forma favorable sin reunir los requisitos exigidos por la normativa aplicable para la concesión. Muchos de ellos tenían antecedentes penales, por ejemplo.
Todos ellos han sido mostrados ante Joaquín María P.A., quien los ha analizado hasta el punto que tres de ellos ha aseverado que no los había hecho él. Del resto, ha afirmado que en sus nueve años en este puesto “jamás ha hecho ese tipo de operaciones”. No obstante, se ha excusado, diciendo que “en ocasiones han denegado por informes desfavorables y a instancia de la Abogacía del Estado han tenido que revocar”.
“A mi entorno siempre le he dicho que si el expediente estaba para conceder se le concedería y lo contrario se denegaría”, ha dicho al término de su declaración. A la misma han asistido los abogados, Celia Gil Lagunas, Constanza Dufol, Mariano Montaner, Ana Herrando, Juan Carlos Urcola y un representante del Abogacía del Estado.
El caso continúa su instrucción. En el mes de febrero se realizarán el resto de declaraciones a imputados.
