Zaragoza.- El derribo de las partes no catalogadas de Averly sigue en el aire. La Fiscalía ha entrado en el conflicto para investigar posibles irregularidades y ha obligado a la Comisión de Urbanismo a retirar del orden del día por unanimidad la tramitación del Plan Especial y la concesión de la licencia de derribo hasta que ésta se pronuncie.
La Fiscalía ha entrado en el caso poco tiempo después de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón hubiera levantado las medidas cautelares que prohibían la demolición de la parte no protegida. El Ministerio Fiscal ha reclamado al Ayuntamiento, “a fin de tener un conocimiento exacto de los hechos”, una copia del expediente. También ha preguntado si la Administración ha concedido ya la mencionada licencia y ha solicitado en su escrito una copia de los expedientes relacionados con la inclusión de la factoría en el catálogo de de edificios de Interés del Plan General de Ordenación urbana. El grupo empresarial Brial adquirió en 2012 los terrenos de la antigua fundición con el objeto de realizar una nueva zona residencial, uso permitido por el PGOU desde 1986. En ese momento, surgieron voces contrarias a la intervención en ese sector, que terminaron con la decisión de la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón, que es la competente en la materia, de ampliar a un 32% la superficie protegida -como Bien de Interés Cultural-, salvaguardando así la portada principal, en el paseo María Agustín, el edificio de la vivienda del propietario y su jardín, las oficinas y el taller de ajustes. Pérez Anadón argumenta que se ha suspendido el derribo por precaución En declaraciones a los medios de comunicación tras retirar este punto del orden del día de la Comisión, el responsable de Urbanismo, Carlos Pérez Anadón, ha argumentado que la decisión tomada por todos los grupos municipales en Junta de Portavoces obedece a una “filosofía precautoria” de un expediente “delicado”. “Tras recibir el fax con la notificación de Fiscalía General del Estado pidiendo información sobre los aspectos jurídicos que plantea Apudepa hemos decidido paralizarlo”, ha sostenido. A su juicio, no hubiera sido de recibo someter la aprobación de la licencia de derribo, dado que “hubiera generado una situación irreversible y teóricos dañosa la situación generada”. Pérez Anadón ha insistido que mandará a la Fiscalía todos los documentos requeridos con “rapidez” para “no colisionar otros derechos” relacionados con la empresa Brial que lleva idea de construir unas 200 viviendas en las zonas no protegidas de Averly. El edil de Urbanismo cree que las razones de Apudepa están “jurídicamente poco fundadas”, aunque ha emplazado a que sea la Fiscalía quien se pronuncie. “Sus argumentos se comparecen mal con la legislación No se puede equiparar la licencia de derribo con la licencia de construcción”, ha argumentado. El PP está convencido de que saldrá adelante la concesión cuando la Fiscalía tenga toda la documentación El grupo municipal del Partido Popular está convencido de que la concesión de licencia de derribo de Averly saldrá adelante cuando la Fiscalía tenga toda la documentación. Su portavoz adjunto, Pedro Navarro, ha calificado este jueves al área de Alcaldía como “irresponsable” por no remitir el documento de forma urgente pese a su importancia. “La nota de Fiscalía llegó solicitando información al Ayuntamiento a Alcaldía a las 14.27 horas. Hasta hoy a las 8.10 horas no la han rebotado. Es una irresponsabilidad no poner inmediatamente una información tan relevante para un asunto que afecta a la gestión del patrimonio de Zaragoza y a los intereses públicos y privados de los actuales propietarios de Averly”, ha criticado. Navarro ha asegurado que el PP actuará con responsabilidad: “Si un fiscal pide información, lo prudente es utilizar el principio de prudencia, paralizar la gestión del expediente y poner toda la información a disposición de la Fiscalía”. El edil del PP está convencido de que pocos expedientes urbanísticos han sido gestionados con mayor información, con mayor control de la legalidad vigente y de protección del patrimonio desde el punto de vista del Ayuntamiento y del Gobierno de Aragón. “Estamos convencidos de que cuando se remita la información continuará la tramitación ordinaria del expediente”, ha sostenido. Navarro ha argumentado que ya ha habido un procedimiento judicial y los recurrentes “fueron incapaces” de presentar fianzas y de demostrar irregularidades. “Nadie ha conseguido demostrar una sola irregularidad y la Fiscalía no acusa al Gobierno de Zaragoza de cometer irregularidades. El PSOE podrá aclarar las irregularidades que se han denunciado y si es así, quien las has presentado deberá demostrarlas o responder por una nueva denuncia a nuestro entender falsa”, ha puntualizado.
Solicitud de la Fiscalía
