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Lunes, 18 de noviembre de 2019
Sociedad
4/12/2014

La juez de Tarazona ofrece a dos congregaciones religiosas personarse en la causa contra el expárroco de Borja

Redacción
Garcés saliendo del juzgado junto a sus abogados Enrique Trebolle y Antonio Val-Carreres. Archivo
Garcés saliendo del juzgado junto a sus abogados Enrique Trebolle y Antonio Val-Carreres. Archivo

Zaragoza.- La jueza del Juzgado de Tarazona, que instruye la causa por delitos de apropiación indebida continuada y agravada y falsedad en documento privado, y en la que el principal imputado es Florencio Garcés, expárroco de Borja, remitió ayer un ofrecimiento de acciones a dos congregaciones religiosas de la localidad, las Hermanas Clarisas y las religiosas Concepcionistas. 

La resolución judicial abre así la posibilidad a los representantes legales de ambas instituciones religiosas para personarse en la causa como perjudicadas por lo que, en principio, deberán acudir al juzgado los días 14 y 16 de enero para manifestar ante la jueza si desean hacer efectiva una reclamación por las cantidades adeudadas o desistir de ello. 

Al parecer, el expárroco de Borja entregó a ambas congregaciones unas cantidades de dinero de las que, presuntamente, sustrajo un 10% en cada una de ellas. 

Este ofrecimiento de acciones se une al que la jueza hiciera el pasado 27 de junio de 2014 al Papa a través de una comisión rogatoria remitida al Estado del Vaticano. En ella, la juez solicitaba al Romano Pontífice se pronunciara, como titular de los bienes de la Iglesia y posible perjudicado por los supuestos hechos cometidos por el sacerdote, sobre la renuncia del Obispo de Tarazona a llevar a cabo de acciones penales y civiles contra el cura. 

Dicha comisión rogatoria fue recurrida en apelación por la defensa del sacerdote ante la Audiencia Provincial de Zaragoza. El recurso, desestimado recientemente por la Sección Sexta, pretendía la anulación de la mencionada comisión rogatoria. Los magistrados argumentan en su auto que el apelante se limita a discrepar en su escrito “sobre la legalidad de una comisión rogatoria que, en principio, en nada afectaba al derecho de defensa, y además, sin referirse, ni siquiera, a la indefensión que necesariamente debía haberse producido” por lo que acuerdan que la pretendida anulación debe ser rechazada y confirman íntegramente la legalidad de la comisión rogatoria remitida por la Jueza al Estado Vaticano. 

Hace ahora un año que la titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Tarazona, abría diligencias contra el sacerdote Florencio Garcés como principal imputado y presunto responsable de los delitos de apropiación indebida y falsedad en documento. 

El sacerdote era detenido por la Guardia Civil el 29 de noviembre de 2013 y puesto a disposición judicial. Tras su declaración, la juez decretó su ingreso en prisión. Las pruebas presentadas ante la juez apuntaban indiciariamente a que el expárroco de Borja podría haber dispuesto irregular e injustificadamente de 168.186,80 €, de los que él no era titular y presuntamente podría haber ocultado a sus superiores esas irregulares e injustificadas disposiciones. 

La jueza está ahora a la espera de recibir los informes de diligencias acordadas, entre las que se encuentra la respuesta del Estado Vaticano.

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