Zaragoza.- La Comisión Europea ha detectado varias infracciones “graves” en el proyecto del embalse de Biscarrués. Así, esta institución, mediante una carta de emplazamiento de 32 páginas, solicita al Gobierno central que presente las alegaciones pertinentes para justificar estas "irregularidades". El Ejecutivo central tiene de plazo hasta el próximo 29 de julio.
Este documento, tal y como reza el texto y ha señalado el alcalde del municipio, José Torralba, pone de manifiesto que “se ha vulnerado” la Política de Aguas Comunitaria por parte del Gobierno español durante la tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental de este embalse.
Esta carta de emplazamiento, y su investigación pertinente, se ha elaborado tras una denuncia que se presentó en 2011 y en la que se exponía un “supuesto incumplimiento de la legislación ambiental de la Unión Europea”.
En este documento, la institución europea pone de manifiesto que no se ha respetado la Política de Aguas Comunitaria y añade que el Ministerio de Medio Ambiente autorizó el proyecto sin contar con una evaluación “adecuada” de su impacto ambiental.
Por otra parte, las autoridades españolas responsables, según ha indicado el alcalde del municipio “no dieron la información necesaria, bien debido a que no la tenían o a que no sabían que tenían que entregarla”.
Además, el alcalde ha explicado que esto es “la puntilla definitiva” para que no se lleve a cabo este proyecto, ya que, a juicio de Torralba, esto es “muy serio” y es “necesaria” toda la información posible para tener en cuenta las futuras consecuencias ambientales que conllevaría esta actuación.
Torralba ha explicado que “los informes y estudios que no han hecho en tres años para estudiar los efectos que puede haber, no los van a hacer en dos meses” y ha criticado la cantidad de tiempo que se ha invertido en desarrollar el proyecto y “no en estudiar sus consecuencias”.
Por último, este texto insta al Gobierno central a que presente las observaciones que “considere oportunas”. Una vez las reciba, con fecha límite 29 de julio, la Comisión Europea procederá a resolver el expediente.
Documento de la Comisión Europea
