Un pacto fiscal responsable

Los grupos municipales del Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Zaragoza han rechazado las ordenanzas fiscales presentadas por el equipo de gobierno y han aprobado las suyas. La propuesta alternativa implica una rebaja del tipo impositivo del IBI del 21,7% y que los usos queden como en años anteriores. La alianza supone un fuerte varapalo a Zaragoza en Común, que sólo podrá recaudar 3,5 millones de euros de los 20 que tenía previstos al incrementar impuestos a las grandes empresas.

Los grupos municipales del Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Zaragoza han rechazado las ordenanzas fiscales presentadas por el equipo de gobierno y han aprobado las suyas. La propuesta alternativa implica una rebaja del tipo impositivo del IBI del 21,7% y que los usos queden como en años anteriores. La alianza supone un fuerte varapalo a Zaragoza en Común, que sólo podrá recaudar 3,5 millones de euros de los 20 que tenía previstos al incrementar impuestos a las grandes empresas.

La oposición ha planteado unas ordenanzas que mantienen la presión fiscal. Esta postura es de las mejores que puede ofrecerse a los zaragozanos. La situación financiera en el Consistorio es crítica y, día tras día, sigue aflorando más deuda oculta. No subir los impuestos es utópico dadas las circunstancias, pero no puede cargarse toda esta subida a las compañías que intentan salir de la crisis y crear empleo.

Con el panorama actual, la propuesta de ZeC de plantear una subida para este sector no era una de las mejores soluciones. La patronal zaragozana estima que el incremento propuesto afectaba a más de 4.000 edificios de uso industrial, comercial y de ocio, que son los que realmente iban a pagar los platos rotos de la maltrecha economía municipal.

Eso sí, el extraño pacto complica la aprobación de los presupuestos de la DGA para el año que viene. El líder de Podemos Aragón, Pablo Echenique, ya ha advertido de que tras lo sucedido “ve más difícil” aprobarlos. Independientemente de ideologías, los políticos deberán ser responsables para que en el Gobierno de Aragón impere la cordura, no haya chantajes y las cuentas no tengan que prorrogarse, con todo lo negativo que eso conlleva.