Zaragoza.- El dumping social es uno de los principales problemas que azotan al sector del transporte hoy en día. Esta práctica se caracteriza por ofrecer productos o servicios más baratos que la competencia gracias a una mano de obra a precio de explotación, con condiciones laborales abusivas y bajos salarios debido a la deslocalización de las empresas de transporte a la Europa del Este.
Luchar contra esta práctica es la principal reivindicación de la Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías de Aragón (Tradime), que este lunes se ha reunido con el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, para trasladarle la situación actual del sector.
Soro, que ha calificado de "muy fructífera" la reunión, ha explicado que desde el Gobierno de Aragón no pueden actuar por "vía normativa" para acabar con el dumping social, ya que es una competencia estatal, pero se ha comprometido a trabajar en materia de inspección.
Precisamente, el consejero ha explicado que el Ejecutivo autonómico se encuentra en estos momentos tramitando un expediente disciplinario a una empresa cargadora en la que se ha denunciado este tipo de práctica. Soro ha indicado que la sanción a esta compañía podría superar los 70.000 euros, ya que se habrían detectado hasta 36 operaciones de este tipo, mientras que para las empresas de los camiones podrían suponer unos 4.000 euros. "Creemos que esta sanción puede tener un efecto ejemplificador y desde el Gobierno de Aragón actuaremos para atajar este problema", ha añadido Soro.
El consejero ha recordado que esta práctica no sólo supone unos sueldos más bajos y peores condiciones de Seguridad Social, "también son un riesgo en seguridad vial y social, por lo que compartimos la preocupación del sector y estamos a su disposición para trabajar conjuntamente en esta cuestión".
Por su parte, el presidente de Tradime, Santiago López-Montenegro, ha denunciado que "cada vez hay más empresas que recurren a este truco legal y que está provocando que haya trabajadores en unas condiciones ínfimas".
Asimismo, el presidente ha agradecido "la sensibilidad" del Gobierno de Aragón y el consejero Soro y que el expediente sancionador a la citada empresa "sirva de ejemplo para que se opere de la manera más adecuada y correcta". En este sentido, ha señalado que si no se pone freno al dumping social "lamentaríamos tener que recomendar a nuestros asociados que deslocalicen sus empresas para ser competitivos, no nos vale esa excusa, queremos trabajar aquí".
Según la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, las empresas deslocalizadas que llevan a cabo esta práctica controlan actualmente una cuarta parte del transporte internacional con origen o destino en nuestro país. Por ello, López-Montenegro ha hecho hincapié también a la repercusión económica que esto supone. Así, por cada camión extranjero que se contrata para prestar un servicio con el objetivo de ahorrar costes, son en torno a 20.000 euros que la economía española deja de ingresar al año. Mientras que un camión extranjero aporta cero euros a las arcas nacionales.
Autopistas
Otro de los temas tratados tiene que ver con la intención del Gobierno central de obligar a los vehículos pesados a circular por las autopistas, en el caso de Aragón, la AP-2 y la AP-68. El consejero Soro mantuvo un encuentro de trabajo por este tema en Madrid la semana pasada.
Desde el Ministerio de Fomento se plantea partir de una bonificación del 50%, asumido el 25% por el Estado y 25% por las Comunidades Autónomas. En la primera reunión se solicitó que se planteen los estudios necesarios, competencia del Estado, para resolver cuestiones como la de los transportes internos, de poco recorrido, en los que no se puede obligar a hacer determinados trayectos por autopista.
Soro también recuerda que en estos momentos la bonificación en Aragón es de un 75% por lo que no es lógico pensar en reducir esta cantidad cuando, además, será obligatorio circular por la autopista. El consejero ha expresado la necesidad de seguir trabajando en el tema para garantizar la seguridad vial y para que las empresas transportistas no sean las perjudicadas.
A este respecto, el presidente de Tradime ha reiterado que el sector "no puede asumir ningún costa más, pagamos los suficientes impuestos en diferentes materias como para asumir otro coste y de una infraestructura que durante tantos años se ha gestionado más que regularmente".
