Zaragoza.- El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha acordado este jueves la medida cautelar de suspensión solicitada por la Abogacía del Estado contra el decreto municipal por el que se impide la contratación pública a empresas con sentencia firme que operan en paraísos fiscales.
En un comunicado de la Delegación del Gobierno de Aragón han apuntado que esta institución está para velar por el cumplimiento de la Ley, "no para hacer discursos demagógicos ni dar lecciones de filosofía política trasnochada".
No en vano, han resaltado que si tal y como manifiesta el consejero municipal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero "se han pasado de uno o dos recursos por legislatura a media docena en menos de dos años, debería plantearse que algo está haciendo mal".
Delegación del Gobierno en Aragón ha señalado que los recursos que plantea la administración se formulan porque el Ayuntamiento "contraviene las disposiciones legales vigentes".
También han afirmado que el número de recursos que interpone la Delegación del Gobierno "es directamente proporcional a la falta de respeto a la ley por parte del actual gobierno municipal".
