Zaragoza.- “Hubiera sido un detalle del presidente de Aragón Javier Lambán hacerse la foto con las ambulancias en las comarcas donde la prestación de este servicio se ha recortado. Al menos, sus habitantes habrían tenido la posibilidad de ver uno de estos vehículos”, ha ironizado la portavoz de Sanidad del Partido Popular, Carmen Susín, en alusión a la presentación esta mañana, en los jardines del Pignatelli, de la empresa adjudicataria que presta el servicio de transporte sanitario urgente en la Comunidad.
Desde el PP recuerdan que ha sido una adjudicación "no exenta de conflictos, tanto desde el punto de visto político como administrativo". Denuncian que "hace más de un año que los populares vienen mostrando su rechazo a los 19 millones de euros consignados por el Gobierno de Aragón al considerarlos insuficientes puesto que consideran, como mínimo, que faltan cinco millones". En el plano administrativo, la adjudicación del contrato ha estado marcada "por la polémica y posterior judicialización del proceso y, finalmente, tuvieron que ser los tribunales los que pusieron orden en el procedimiento".
Para la portavoz popular “en teoría se trata de un servicio de transporte urgente en ambulancia, pero la realidad es que algunos aragoneses deberán esperar hasta 45 minutos para ser atendidos, 15 de activación y 30 de asistencia. Además el Gobierno de Aragón disminuye el número de los vehículos de Soporte Vital Básico, integrados por un conductor y técnico, para reconvertirlos en otros que tan sólo dispondrán del conductor".
Como ejemplo concreto que afecta a la provincia de Zaragoza, Susín ha resaltado los siete vehículos de Soporte Vital Básico que son sustituidos por vehículos asistenciales lo que “implica una evidente pérdida de calidad en la asistencia sanitaria para los enfermos.” En Huesca, la UCI que debería estar ubicada en la localidad de Campo y que atiende a los habitantes de las comarcas de El Sobrarbe y La Ribagorza "figura como una mejora de la empresa que supuestamente implantará en enero, pero lo cierto es que el Gobierno de Aragón no la consideró un servicio obligatorio en el pliego de contratación".
La entrada en servicio el pasado uno de agosto de la nueva contrata coincide, según el PP, "con las numerosas quejas de los usuarios por el cierre, en la provincia de Huesca, de centros de Atención Primaria y de Puntos de Atención Continuada".
“En el Partido Popular siempre hemos entendido que las consecuencias negativas de estos cierres temporales podían ser relativamente paliadas con unos servicios de transporte médico ajustados a esas nuevas demandas y, lejos de eso, el Gobierno de Aragón reduce la prestación del transporte urgente”, concluyó.
