Zaragoza.- Las Cortes de Aragón han tomado en consideración por unanimidad la modificación de la Ley de Infancia y Adolescencia. La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, ha explicado que el objetivo es adaptar la norma aragonesa a los cambios realizados en el Sistema de Protección Jurídica del menor por dos leyes estatales para "garantizar sus derechos".
"Es un paso decisivo para reconocer a los niños y los adolescentes como actores sociales con derechos, deberes y capacidad de influir en el entorno social", ha señalado Broto durante su exposición inicial. Para ello, se apuesta por un cambio institucional derivado de la transformación del sistema de protección y reforma de menores amparado en el principio de corresponsabilidad en la atención a la infancia, potenciando y primando la colaboración interinstitucional y la participación social.
Todos los grupos han votado a favor de la toma en consideración pero el Departamento de Servicios Sociales no se ha librado de las críticas. PP, Podemos, PAR y Cs han criticado que la adaptación de la normativa "ha llegado casi tres años y medio tarde". Una situación que podría conllevar, según han expuesto algunas diputadas, que la ley no pueda aprobarse por una cuestión de tiempo, ya que la legislatura acaba en el mes de marzo.
Ante las críticas por la tardanza, la diputada del Partido Socialista Pilimar Zamora ha señalado que espera que "todos los grupos saquen tiempo de la agenda" para permitir su aprobación. "No sé si llega pronto o tarde pero sé que es un gran proyecto de ley y que hubiera sido temerario sacarlo adelante sin contar con un diagnóstico certero del sistema de protección del menor porque no hubiera estado ajustado a la sociedad", ha añadido Zamora.
PP, Podemos y PAR han criticado que el texto no viene acompañado de la memoria económica, algo que no permitirá, por ejemplo, contratar a más personal. La DGA alegó que no se redactó esta memoria porque los cambios no suponían un aumento de presupuesto. La diputada del Partido Popular Ana Marín ha lamentado que "a pesar de haber tardado tres años en transponer la ley nacional a la autonómica se han dejado por el camino todo".
En este sentido, Marín le ha pedido al Gobierno que reconozca "el despropósito" de la "tardanza" porque "la traslación no puede permitirse el lujo, por ser demasiado caro, de tardar tres años en llegar al Parlamento". Por su parte, la diputada de Podemos Itxaso Cabrera ha propuesto que la norma se fije en la propuesta de ley de erradicación de la violencia en la infancia que ha presentado Unidas Podemos en el Congreso.
La diputada del PAR Elena Allué ha celebrado que se adapte la normativa aragonesa a la estatal porque esta última supuso "un gran fortalecimiento del derecho de los menores y se centra en los colectivos más vulnerables". Por su parte, la diputada de Ciudadanos Desirée Pescador ha anunciado que su grupo presentará enmiendas para que la justicia gratuita acoja a los niños y para que el acogimiento se trate de manera especial en adopciones internacionales. Por último, la diputada de CHA Carmen Martínez ha celebrado que se refuerce el desarrollo del interés superior del menor "porque la visión de la política ha cambiado y ahora las personas están en el centro".
Principales modificaciones
Una de las principales modificaciones es la incorporación del mecanismo de evaluación del interés superior del menor en todas las decisiones que afecten a los niños, niñas y adolescentes aragoneses. Asimismo, se reconoce el derecho de los menores a ser oídos y escuchados como garantía de su pleno ejercicio. También se incorporan en el texto normativo nuevos mecanismos de atención inmediata en los casos graves de desprotección y la transformación de los centros de observación y acogida (COA) en hogares de casas y acogida para la atención inmediata.
Por otra parte, se regulan los centros específicos para problemas de conducta, se recogen los derechos de los menores en acogimiento residencial y se establecen nuevas modalidades de acogimiento familiar. La nueva norma incluye también los derechos y deberes de las familias de acogida y de los menores que están a su cargo. También se impulsa la creación de nuevos recursos en materia de prevención, se reconoce la familia extensa (abuelos o tíos) como figura preferente en la protección de la infancia y se coloca al acogimiento familiar como medida de protección prioritaria.
