Zaragoza.- El Parlamento autonómico, por unanimidad, ha votado favorablemente el inicio de la tramitación del proyecto de ley reguladora del Fondo Aragonés de Financiación Municipal. Un texto que fue remitido por el Ejecutivo autonómico, tras ser aprobado en Consejo de Gobierno, en agosto de 2018. Todos los grupos han dado el visto bueno a iniciar el estudio del documento en ponencia, pero la mayoría con importantes reticencias, ya que consideran que ha llegado demasiado tarde.
El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, ha presentado el documento, que ha descrito como basado en los principios de “autonomía y suficiencia financiera de las entidades locales”, lo que supone “una histórica reivindicación del municipalismo aragonés”. Con él, desde la DGA “pretendemos dejar atrás la discrecionalidad, marcando un suelo, una garantía, al margen del color o tendencia política de sus vecinos de los municipios”. En representación del PSOE, el diputado Darío Villagrasa, ha puesto en valor que esta ley pretende establecer “criterios matemáticos y transparentes”.
El diputado del PP Miguel Ángel Lafuente no entiende que el Ejecutivo no haya traído esta ley hace dos años, junto a la Ley de Capitalidad, que rige la relación económica entre DGA y Zaragoza capital. "Los 730 municipios tienen menos preeminencia que la ciudad de Zaragoza para ustedes", ha dicho al respecto. Además, considera que el momento elegido para tramitarla "refleja lo que sienten por estas Cortes" y supone "un auténtico desprecio" con el que lo único que pretenden es “llegar a la campaña electoral”. Y es que, "si no decimos que sí a todo lo que pone en 43 días, la culpa la tendremos los diputados", ha recriminado al Ejecutivo.
"Esta ley llega muerta, como un mero trámite de postureo". Es la opinión de la diputada de Podemos Maru Díaz, porque se empieza a debatir a “menos de 60 días de finalizar la legislatura, siendo una ley fundamental”. Ha reseñado que "el Ejecutivo aprobó el proyecto hace ocho meses, y llegó a las Cortes, pero, en dos juntas de portavoces el PSOE no la ha querido introducir en el orden del pleno". Esto se debe, según Díaz, a que "quieren que parezca que la han traído, pero no tienen intención de aprobarla".
En el mismo sentido, la diputada María Herrero (PAR) ha criticado al inicio de su intervención que la DGA haya traído esta “promesa” de legislatura "cuando faltan tres plenos”. Además, siendo un texto que “no aporta mucho nuevo ni supone un gran cambio". En su opinión, antes de este proyecto, se tendría que haber traído a la Cámara el que "modifique la distribución de responsabilidades entre competencias".
En opinión del diputado de Cs Javier Martínez, el Gobierno "ha cambiado promesas por prisas" al realizar este texto, "cuya tramitación veremos si da tiempo". La ha calificado como una ley "descafeinada", en la que "ha pretendido solucionar el problema y al mismo tiempo justificarse". Además, cree que contiene "zonas grises", como por ejemplo "al subordinar la financiación al cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática".
Carmen Martínez (CHA) ha puesto en valor la importancia de esta ley porque, tal y como ha recordado, "durante la legislatura pasada, vivimos momentos difíciles que, cuando más ahogados estábamos, el Gobierno PP-PAR rebajó este fondo a mínimos históricos, dejando claro su poco interés".
Contenido del texto
Este texto de pretensión legislativa contempla el reparto garantizado entre los distintos ayuntamientos de 30,6 millones de euros, una cantidad inicial y mínima que podría incrementarse en función de los ingresos y el nivel de endeudamiento de la región de cada año, con un límite máximo que no suponga superar el dos por ciento del Presupuesto no consolidado de la Comunidad autónoma.
El artículo 8 del proyecto legal dispone ocho millones de euros para el municipio de Zaragoza, un millón para el de Huesca y setecientos mil euros para el del Teruel, mientras que casi veintiún millones de euros tendrían como destino el resto de municipios de la geografía aragonesa. En cuanto al reparto de los incrementos, pesarán en un cuarenta y cinco por ciento criterios demográficos como el envejecimiento (mayores de 65 años), el sobreenvejecimiento (mayores de 85 años) y la densidad de población, otro cuarenta y cinco por ciento irá en función de la ordenación territorial, un cinco por ciento según el esfuerzo fiscal y el último cinco por ciento servirá como factor corrector para compensar desequilibrios.
Para poder acceder a estos fondos el proyecto de ley exige que los ayuntamientos locales sometan su sistema financiero a la Cámara de Cuentas de Aragón, que estén al corriente de los deberes de remisión de información para con la Administración y cumplan la normativa de memoria democrática.
