Zaragoza.- El Gobierno de Aragón, a través de sus Servicios Jurídicos, ha presentado este jueves ante el Tribunal Constitucional un recurso contra el Estatuto de Cataluña. De esta manera, se cumple el acuerdo adoptado en Consejo de Gobierno el pasado 5 de septiembre. Lo que pide el Ejecutivo aragonés es la declaración de inconstitucionalidad de la disposición adicional decimotercera de dicha norma, que establece que “los fondos propios de Cataluña situados en el Archivo de la Corona de Aragón y en el Archivo Real de Barcelona se integran en el sistema de archivos de Cataluña”. “Para la gestión eficaz del resto de fondos comunes con otros territorios de la Corona de Aragón, la Generalitat deberá colaborar en el Patronato del Archivo de la Corona de Aragón con las demás Comunidades Autónomas que tienen fondos compartidos en el mismo y con el Estado a través de los mecanismos que se establecen de mutuo acuerdo”, añade el texto catalán.
En este sentido, el vicepresidente del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel, ha afirmado que “el Estatuto de Cataluña `se pasa´ en relación con el Archivo de la Corona de Aragón, que lo incluye dentro de lo que son archivos propios de la Generalitat”. “Nosotros creemos que eso es inconstitucional y por eso hemos presentado el recurso”, ha añadido.
Asimismo, José Ángel Biel ha expresado su deseo de la pronta constitución del Patronato del Archivo de la Corona ya que “han pasado ya 25 años desde la aprobación de los diferentes estatutos de autonomía de las comunidades integrantes y no hay ninguna excusa para que esto no se lleve a cabo”, ha dicho.
El vicepresidente ha abogado, además, por la igualdad de todas las Comunidades que integren este Patronato. “No puede haber ninguna privilegiada, como pretende Cataluña con su Estatuto”, ha declarado José Ángel Biel.
Recurso
En cuanto al recurso de inconstitucionalidad presentado por el Ejecutivo aragonés, y además de la mencionada disposición adicional, el artículo 127 del Estatuto estipula que la Generalitat de Cataluña ostenta la competencia exclusiva en materia de archivos que no son de titularidad estatal, lo que “incluye en todo caso (…) la creación, la gestión, la protección y el establecimiento de régimen jurídico de los centros que integran el sistema de archivos” (artículo 127.1.c, apartado primero), así como el “establecimiento del régimen jurídico de los bienes documentales bibliográficos… depositados en los mismos” (artículo 127.1.c, apartado segundo).
Teniendo en cuenta estos contenidos del Estatuto de Cataluña, los Servicios Jurídicos del Gobierno aragonés entienden que la norma catalana afecta el propio ámbito de autonomía de Aragón, puesto que modifica competencias del Estatuto aragonés al margen del procedimiento previsto para ello. Esto incumple el artículo 147 de la Constitución, que remite a los propios Estatutos la regulación del procedimiento para reformarlos.
Este argumento de basa en que, a través de Estatuto de Cataluña, la Generalitat se arroga la competencia exclusiva para la gestión y determinación del régimen jurídico de determinados fondos situados en el archivo de la Corona de Aragón, lo que supone una limitación o exclusión de las competencias que sobre dichos fondos ostenta Aragón. En la práctica, se trata de una modificación de la disposición adicional primera del Estatuto aragonés (que atribuye a Aragón la competencia para participar en la gestión del Archivo de la Corona junto con otras comunidades autónomas) al margen de los cauces previstos para ello. Es decir, si el Estatuto de Aragón atribuye a la Comunidad Autónoma competencias para participar en la gestión de los fondos del Archivo de la Corona de Aragón, el Estatuto de Cataluña no es norma hábil para excluir, limitar o variar dicha competencia.
