Zaragoza.- El vicepresidente de la Asociación Independiente para Defender la Salud (Asides), Juan Manuel Puértolas, ha reclamado este martes en las Cortes de Aragón medidas para controlar la contaminación provocada por las antenas de telefonía. Entre sus propuestas para garantizar la salud pública, se encuentra reducir los niveles de contaminación radiomagnética, clasificar la instalación dentro de la Ley de Protección Ambiental, controlar las emisiones, potenciar la investigación e informar a los ciudadanos de los riesgos.
Puértolas ha criticado al Ejecutivo Autonómico por suprimir “su obligación de informar a los vecinos y de ponerse del lado de las operadoras, a la vez que se olvida de proteger la salud pública”. Asimismo, ha señalado que los decretos vigentes “se han quedado obsoletos” y que los controles actuales “no son eficientes porque los realiza las mismas operadoras”.
Los partidos del equipo de Gobierno, PSOE y PAR, han coincidido en que la competencia no es de la Comunidad Autónoma sino del Ministerio de Industria y del de Sanidad en coordinación con las cada Comunidad. Asimismo, han apostado por continuar una línea de investigación “que ya lleva a cabo la Universidad de Zaragoza”, ha concretado la portavoz del PAR, Ana de Salas.
Por su parte, la portavoz del PSOE en la Comisión de Derechos Humanos, Cristina Vera, ha manifestado que no hay ninguna razón para modificar la Ley de Protección Ambiental porque “el informe realizado después del Real Decreto 1.066/2001 asegura que los requisitos actuales son suficientes para garantizar la salud pública y que por tanto no hay riesgo de contaminación”.
El grupo parlamentario Popular ha incido en el caos de información que actualmente existe sobre este asunto. “Los ciudadanos tienen un desconcierto general porque no existen estudios claros que establezcan pruebas que expliquen cual es el grado de gravedad”, ha subrayado su portavoz, Carmen Pobo.
Asimismo ha defendido que las Comunidades Autónomas sí que tienen margen de competencia, en respuesta a las declaraciones expresadas por el PAR que señalaba que era una tarea propia del Ministerio de Industria. Por ejemplo, “cada Comunidad tiene mucho que decir y hacer sobre este asunto, y el ejemplo es que Cataluña tiene una normativa específica que controla las instalaciones de telefonía móvil”, ha indicado.
En concreto, “Aragón tiene una consejería de Sanidad y otra de Industria para poner los medios adecuados y una de Ciencia, Tecnología y Universidad para potenciar la investigación”, ha señalado.
Por otro lado, Chunta Aragonesista (CHA) ha lamentado la modificación de la Ley ambiental en el 2006, ya que no obliga al Ejecutivo Autónómico “a informar a la ciudadanía sobre la instalación de estas antenas y niega a los ciudadanos la posibilidad de objetar”.
La portavoz de CHA, Nieves Ibeas, ha subrayado que este asunto ha recaído sobre los ayuntamientos “que muchas veces carecen de medios para controlar estas instalaciones y no ha contado con la participación del ámbito de la Salud”. Por ello, ha reclamado que se elabore un mapa de contaminación electromagnética y que se legisle.
Ibeas también ha recordado que el Consistorio pondrá en marcha un equipo de trabajo para controlar las antenas, gracias a una moción presentada por CHA y que fue aprobada por el resto de los grupos municipales.
