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Martes, 18 de junio de 2019
Política
1/12/2009

Boné cree que “no es normal” que el trasvase a cuatro municipios catalanes tenga el horizonte del 2030

Emilio César Mera Gallego

Zaragoza.- La propuesta de trasvase del Segre, afluente del río Ebro, a cuatro localidades catalanas tiene como horizonte final el año 2030. El consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, ha remarcado que hasta el momento no se ha aportado “un estudio que demuestre la necesidad imperiosa de atender de manera urgente” a estas poblaciones. Además, tampoco han recibido las distintas alternativas ya que “se coge la alternativa menos perjudicial para el medioambiente, más económica y con menos problemas sociales”.

Boné cree que sin esta documentación es “difícil” justificar un trasvase, aunque ha asegurado que si se tiene que hacer sólo aceptaría una concesión a precario, condicionada en el tiempo y totalmente reversible. “Nunca podría ser de carácter indefinido sino temporal y condicionada”.

Para el vicepresidente de Aragón, José Ángel Biel, la gravedad de la amenaza no es esta transferencia sino las reacciones de otras Comunidades. “Que Valencia aproveche la oportunidad para reclamar un trasvase más potente dice mucho del error que se ha cometido en este planteamiento”.

Informe

Antes de tomar una decisión final, el Instituto Aragonés del Agua y el Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón tendrán que realizar un informe sobre la propuesta de trasvase. La Ley de Ordenación del Territorio de Aragón establece en su artículo 48 que se someterá a dictamen del COTA "cualquier propuesta de obra hidráulica o de transferencia de aguas que afecte a su territorio, en particular las instrumentadas por vía de transacción o cesión de derechos al uso privativo del agua, tanto en el momento de elaboración de la Ley de transferencia que prevea la misma como en el momento de la formalización y autorización de la transferencia transaccional o de cesión de derechos". El plazo que tiene el COTA para emitir este informe es de dos meses.

Asimismo, la Ley de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón establece en su disposición adicional séptima, que el Plan Hidrológico Nacional y los planes hidrológicos de cuenca que afecten al territorio de Aragón deberán someterse, con carácter previo a su aprobación, a informe preceptivo del Instituto del Agua de Aragón. 

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