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Jueves, 2 de diciembre de 2021
Sociedad
18/2/2010

El Supremo anula la sentencia condenatoria contra el alcalde de Alhama de Aragón por prevaricación

Luis Miguel Gabás
El TS afirma que no hay certeza de que exista delito de prevaricación
El TS afirma que no hay certeza de que exista delito de prevaricación

Zaragoza.- La sala segunda de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha anulado la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza que condenó por un delito continuado de prevaricación del alcalde de Alhama de Aragón, Pedro Lacruz Francia, por destituir el en el año 2005 al secretario del consistorio por pérdida de confianza mediante un “procedimiento incorrecto”.

Al parecer la Audiencia Provincial entendió que existía prevaricación porque Lacruz se excedió en sus competencias y prescindió de las normas del procedimiento aplicable en la destitución del secretario que incluso le llegó a impedir el acceso al Ayuntamiento alhameño.

No obstante, aunque el primer edil ha sido absuelto de la primera condena de 10 años de inhabilitación, se volvió a sentar en el banquillo de la Audiencia Provincial en octubre de 2009, acusado nuevamente de prevaricación y desacato judicial. La condena impuesta esta vez fue de nueve años y medio de inhabiltación.

La sentencia del alto tribunal que tiene fecha del 4 de febrero de este año y que ha sido hecha pública este jueves, es consecuencia del recurso de casación que ante el Supremo presentó el entonces alcalde al entender que se habían violado sus derechos constitucionales y que no tenía conocimiento sobre la ilegalidad de sus decisiones.

El TS ha afirmado que el delito de prevaricación no aparece con el nivel de “certeza” que requiere un pronunciamiento condenatorio, “ni la realidad de una actuación arbitraria, injusta, absolutamente contraventora del orden jurídico, adoptada sin ningún tipo de fundamento y además con consciencia plena de que está cometiendo una grave injusticia por el sólo capricho del autor”.

Por este motivo, la sala ha señalado que la actuación del alcalde puede considerarse como un acto administrativo nulo de pleno derecho, por haber sido dictado por un órgano manifiestamente incompetente o prescindiendo totalmente del procedimiento, pero no es constitutivo de un delito.

La omisión del procedimiento no puede identificarse de un modo automático como un delito de prevaricación porque “es posible una nulidad de pleno derecho sin que la resolución sea constitutiva de delito”.

Asimismo, ha señalado que en la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza hay “graves deficiencias” en los argumentos con los que se fundamentaron la condena del alcalde, al suspender irregularmente de sus funciones al secretario municipal, Pascual García Gracia.

En este sentido, el Supremo ha destacado que si hubiese habido irregularidades procedimentales en la suspensión cautelar del secretario realizada por el alcalde, la posible omisión únicamente tendría ubicación en el tipo penal, de haberse ejecutado con conciencia y voluntad de impedir al secretario la utilización de apelaciones y recursos contra la decisión adoptada tanto en vía administrativa como jurisdiccional, “lo cual es patente que no ha sucedido”.

Además, el tribunal ha apuntado que con la expresión “a sabiendas”, en el que reside el elemento de culpabilidad y la tipicidad penal, “no se puede deducir” una intención dolosa “de consideraciones más o menos fundadas y advierte que es necesaria una prueba evidente del comportamiento anímico”.

El TS también ha advertido que para que una acción sea calificada como delictiva será preciso algo más que una contradicción con el derecho para que se permita diferenciar las meras ilegalidades administrativas y las conductas constitutivas de infracción penal. 

Secretario expedientado

Los hechos ocurrieron el 24 de mayo de 2005 cuando el alcalde dictó una providencia en la que abría expediente disciplinario al secretario. En la misma resolución municipal, el alcalde anunció la separación del secretario de su puesto de trabajo en este Ayuntamiento.

El alcalde llamó a la Delegación del Gobierno en Aragón para pedir que la Guardia Civil desalojara al secretario de las dependencias municipales. El secretario tuvo conocimiento de la providencia a las 12.30 horas y abandonó el Ayuntamiento a las 13.45 horas de ese día. Tres días después, la Delegación del Gobierno en Aragón envió un escrito oficial al alcalde para que restituyera al secretario en su puesto de trabajo por entender que la decisión era ilegal.

El 10 de junio el secretario intentó reincorporarse a su puesto de trabajo, lo que el alcalde le impidió hacer, amparándose en una resolución municipal que posponía cualquier reincorporación hasta cinco meses después del momento de la separación, que tuvo lugar el 24 de mayo. El alcalde se ratificó nuevamente con otro Decreto.

El 30 de junio de 2005, el Ministerio de Administraciones Públicas ordenó a la Delegación del Gobierno en Aragón que impugnara la providencia y el Decreto municipales que dictó el alcalde para separar al secretario de su empleo. A este respecto, el primer edil reaccionó incoando un segundo expediente disciplinario por los mismos hechos, a los que añadió tres hechos más, ordenando la suspensión provisional del servicio durante seis meses.

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