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Miércoles, 13 de noviembre de 2019
Política
26/7/2011

Aragón se compromete con el objetivo de estabilidad presupuestaria

Redacción
Rudi ha participado en la reunión de presidentes autonómicos del PP
Rudi ha participado en la reunión de presidentes autonómicos del PP

Zaragoza.- Mariano Rajoy y los presidentes autonómicos del Partido Popular, reunidos este martes en Madrid, han aprobado una declaración que recoge el compromiso de las autonomías gobernadas por del PP ante la situación económica que ha puesto de manifiesto las dificultades de financiación y gestión del conjunto de las Administraciones Públicas y reitera su compromiso con los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Creen que es el Gobierno central quién tiene que aceptar los planes de reequilibrio y realizar su seguimiento y han recordado que la gran mayoría del endeudamiento autonómico y local ha sido autorizado por el Consejo de Ministro, por lo que los niveles de deuda consideran que son responsabilidad del Gobierno. Los populares han reconocido que gran parte de la deuda de las Comunidades es consecuencia de las entregas a cuenta de 2008 y 2009 que el Gobierno central no ha liquidado.

Los presidentes populares estiman que corresponde al Gobierno central llevar a cabo actuaciones inmediatas que palien el problema de falta de liquidez que “él mismo generó”, en aplicación del principio de lealtad institucional.

Por todo ello, han solicitado un aplazamiento de diez años de la devolución de las liquidaciones negativas de los años 2008 y 2009; la estabilidad de los flujos de tesorería; y el establecimiento de un procedimiento reglado de concesión de avales del Estado a las emisiones de deuda autonómica.

Las Comunidades del PP han afirmado también su compromiso con la transparencia para conocer la situación y aportar las soluciones oportunas que generen credibilidad y confianza. Creen que sería claramente beneficios en el momento actual y ayudaría a mejorar la imagen de España, además de servir de punto de partida para las políticas de austeridad.

Los populares consideran necesario acabar con los atrasos en los pagos de la deuda comercial y se han comprometido a la comprobación de la realidad de estimación de ingresos del Presupuesto 2011.

El documento recoge que las Comunidades apoyan las reformas legislativas necesarias que garanticen la estabilidad presupuestaria mediante un nuevo marco de disciplina. Estas Comunidades propondrán una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que establezca la obligatoriedad de austeridad para el conjunto del sector público; techos de gasto y de endeudamiento; que incluya la obligación de aprobar el volumen máximo de beneficios fiscales y una previsión del gasto financiero del presupuesto.

Las Comunidades del PP se han comprometido a actuar de forma coordinada en la mejora de la eficiencia del gasto público y para conseguir una mayor unidad de mercado. Para ello se aprobará un Plan Estratégico de Racionalización del Gasto Corriente a cuatro años.

En este plan se contempla una política integral de gestión del patrimonio inmobiliario y de los alquileres de todas las Administraciones Públicas; la creación de centrales de compra; la suscripción de acuerdos entre Comunidades para la contratación conjunta de determinados bienes y servicios; la reducción de los gastos de representación y publicidad; la disminución del parque móvil, desarrollando el uso compartido; la racionalización del uso de teléfonos móviles; y un plan de ahorro energético basado en la eficiencia, entre otras medidas.

Los presidentes de las Comunidades también han demandado al Gobierno central que ejerza sus facultades competenciales para dotar de sostenibilidad a los servicios públicos esenciales.

Creen que para ello sería necesario establecer una normativa sobre unidad de mercado; reformar en profundidad el conjunto del sector público para racionalizar los servicios públicos y evitar el solapamiento de las competencias; modificar la normativa básica estatal para permitir mejorar la eficiencia y garantizar la eficacia; cumplir las obligaciones en la financiación de la Ley de Dependencia; y acometer un programa de reequilibrio financiero para el Sistema Nacional de Salud que evite la morosidad inasumible. 

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