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Jueves, 24 de octubre de 2019
Economía
29/8/2011

"Aragón puede recuperar la estabilidad al final de la legislatura"

Alejandro Royo Zaragozano
Mario Garcés es el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas

Zaragoza.- Mario Garcés ostenta desde el pasado mes de julio el cargo de consejero de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de Aragón. Además de haber desarrollado una dilatada trayectoria como docente, Garcés, licenciado en Derecho, ha ejercido la presidencia de la Asociación de Interventores y Auditores del Estado (2009-2011), vicepresidencia de la Federación de Cuerpos Superiores de la Administración del Estado (Fedeca) (2009-2011), y ha sido auditor nacional en la Dirección de la Oficina Nacional de Auditoría (Ministerio de Economía y Hacienda) (2004-2011).

Si la labor de la Consejería de Hacienda es clave en cualquier gabinete, lo es aún más en un momento tan difícil como el actual. Medidas como recortes en el gasto o reestructuraciones serán algunas de las que tenga que adoptar Mario Garcés para cumplir el objetivo de llevar a Aragón a la senda de la estabilidad y de la recuperación económica. Sobre su llegada al cargo así como acerca de las primeras acciones que va a llevar a cabo reflexiona Garcés en esta entrevista.

Pregunta.- ¿Podría hacer un balance de estas primeras seis semanas al frente de la Consejería de Hacienda?
Respuesta.- Han sido seis semanas muy intensas, de mucho trabajo y esfuerzo y con una gran ilusión. Lo cierto es que no hemos perdido el entusiasmo. Además, cuento con uno de los mejores equipos que podía tener y que trabaja de sol a sol para que el esfuerzo que estamos haciendo revierta en beneficio de todos los ciudadanos aragoneses.

P.- La formación de su equipo fue polémica. ¿No cree que el cese de Carlos Morales [hijo de la consejera de Educación, Dolores Serrat] una semana después de su nombramiento da la razón a quienes criticaron ese fichaje?
R.- Todo lo contrario. Cuando selecciono a la gente lo hago bajo criterios escrupulosos de capacidad. Y se trataba de una persona de mi confianza, que no es pariente mío y que nadie me ha impuesto. Además, había obtenido una nota extraordinaria en la Facultad de Derecho de Zaragoza y ha trabajado en dos de las consultoras más importantes del país y del mundo.

Al aflorar toda esta polémica, me di cuenta de que no puedo dejar que se castigue a una persona con un futuro profesional por delante. Lo ceso a sabiendas de que no puedo convertirlo en una diana política. Y, por supuesto, lo que no voy a permitir es que se ponga en cuestión mi integridad.

P.- De la Consejería que usted dirige “dependen” todas las demás, aunque sólo sea a nivel presupuestario. ¿Cómo se maneja un Departamento tan fundamental del que se podría decir que es vertebrador del Gobierno?
R.- Se ha querido difundir un apriorismo falso: que es una consejería ideológica, que trata de imponerse sobre los demás… El Consejo de Gobierno es un órgano colegiado bajo el mandato de una presidenta que tiene muy claras las ideas, que es determinante y responsable, y con un excelente equipo de consejeros que desarrollan su labor en todas las áreas.

Es verdad que la Consejería de Hacienda es fundamental porque de ella depende el reparto de los fondos públicos, pero cuento con la colaboración absoluta de todos los consejeros. Por ello, prefiero que sea un departamento conciliador más que vertebrador.

Garcés garantiza que no habrá privatizaciones

P.- Durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda en las Cortes expuso un panorama muy difícil, pero que afirmó que se puede remontar ¿Cómo se remonta?
R.- La ministra de Hacienda, Elena Salgado, vaticinó que al superávit no se llegará hasta el 2018. Siendo así, el mensaje no puede ser sólo catastrofista. Necesariamente tenemos que remontar esta situación y para ello hay que contar con la colaboración de todos. ¿Cómo se remonta esta situación? Tenemos aún recorrido en el gasto aunque habrá quien piense que ese recorrido es insuficiente.

P.- ¿Qué responsabilidad le otorga al PAR en la actual situación después de sus doce años de gobierno con el PSOE?
R.- Yo no voy a entrar en ninguna polémica sobre este asunto. Prefiero pensar en positivo y ver que el PAR ha lanzado en el Pacto de Gobernabilidad un mensaje revisionista de austeridad en las cuentas públicas que a mí me gusta mucho. Eso es con lo que quiero quedarme.

P.- ¿Cuándo, a su juicio, Aragón podría recuperar la situación económica?
R.- Esto va a depender de la evolución de las grandes magnitudes macroeconómicas. Si la economía española y la aragonesa recuperan el pulso y empiezan a crecer por encima del 1% en los próximos años, probablemente al final de esta legislatura podríamos recuperar la senda de la estabilidad presupuestaria en Aragón, aunque vamos a concentrar todos los esfuerzos para que sea antes.

P.- Entrando en materia y hablando de aspectos que atañen a más de una Consejería ¿Qué va a suceder con el Plan Red?
R.- Cuando llegué, me encontré con una situación que había sido criticada por el PP desde la oposición y yo comparto los argumentos que se utilizaron. Hay que tener en cuenta que un contrato no se puede renegociar. Lo que estamos haciendo es analizar qué posibilidades hay de ejecución, la capacidad de financiación de los adjudicatarios, y ver qué modificaciones contractuales caben en función de la documentación preparatoria.

P.- ¿Peligra este Plan Red?
R.- Yo no hablaría de que esté en peligro. Pero estamos en condiciones de asegurar que en las condiciones actuales no es viable. Existen otras alternativas y en ellas está trabajando la Consejería de Obras Públicas. No queremos paralizarlo, pero sí que tenemos como objetivo que se lleve a cabo bajo otras condiciones coherentes en tiempo y en presupuesto y que sean practicables.

P.- De la evolución económica depende también la retirada del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. ¿Cuándo se prevé la implantación de esta medida?
R.- La reducción o eliminación progresiva de este impuesto se hará cuando toque. Esto es, cuando el escenario y las grandes magnitudes económicas nos lo permitan. Ahora mismo, la situación no permite tomar esta decisión, pero si la evolución económica es como espero, la eliminación progresiva de la tributación de este impuesto podría darse en 2014.

P.- Otra de las primeras medidas que pretende llevar a cabo el Ejecutivo es el “macroconcurso” de plazas públicas. Para tratar este asunto se va a reunir con los sindicatos el próximo día 31. ¿Qué les va a plantear? ¿Tienen cuantificado el nivel de ahorro que supondrá esta medida?
R.- El objetivo de esta medida no es ahorrar sino reducir la tasa de temporalidad de estos trabajadores. Quizá uno de cada cuatro o de cada cinco empleados públicos son comisionados o están adscritos provisionalmente a una plaza. Si esa promoción ha tenido lugar por motivos técnicos y objetivos, no pasa nada porque esa plaza se regularizará. Fuera de los principios de mérito y capacidad no hay nada, entonces veremos qué ha pasado en cada una de las plazas.

El titular de Hacienda estima que la estabilidad puede recuperarse hacia el final de la legislatura

La reunión con los sindicatos versará sobre esto y no habrá una agenda determinada sino que será una primera toma de contacto.

P.- Reforzar la lucha contra el fraude fiscal es otro de sus objetivos. ¿Cree que ha habido una cierta laxitud en este sentido por parte de la administración?
R.- No. De ninguna manera ha habido laxitud. Sí que hablo de reforzar las tareas de inspección con más personas o con más medios, pero en ningún momento cuestiono el trabajo hecho hasta ahora. La prueba es que he mantenido al director general de Tributos, a quien tengo en gran estima profesional.

P.- ¿En qué punto se encuentra la reestructuración de la Corporación Empresarial Pública? ¿Le sirve la senda emprendida por su predecesor, Alberto Larraz?
R.- La senda iniciada por el anterior Gobierno me parece correcta. Lo que hay que hacer es racionalizar el sector público empresarial. Hay empresas que tienen problemas en el momento actual y habría que inyectar capital desde la DGA, lo que supone utilizar el esfuerzo fiscal de los contribuyentes aragoneses para capitalizar las empresas.

Siempre he sido partidario de que la mejor promoción es la privada y que los poderes públicos lo que deben hacer es generar la confianza suficiente para que se puedan desarrollar iniciativas privadas.

La iniciativa del anterior Gobierno no me parece mala porque era necesaria. Pero el nuevo plan dependerá de los resultados de una auditoría solicitada a los propios servicios de intervención del Gobierno. Esa auditoría estará realizada a mediados de octubre. Entonces tomaremos decisiones.

P.- Ustedes apuestan por el impulso del sector privado o por la colaboración público-privada. ¿Eso acerca el fantasma de la privatización como afirman los partidos de la oposición? ¿Hay que superar las reticencias a este modelo?
R.- Hay partes de la gestión pública que necesariamente, y sobre todo en momentos de grave restricción presupuestaria, invitan a la colaboración del sector privado. Lo que no estoy dispuesto a aceptar, y además es una impostura política muy habitual, es decir que esto son privatizaciones. Aquí no se privatiza nada.

Se debe garantizar que cuando una entidad privada entra en la gestión de un servicio público, ésta lo hace bien. Y si no es así, rescindir los convenios y aplicar las sanciones correspondientes. Por lo tanto, que todo el mundo esté tranquilo porque aquí nunca se ha privatizado.

P.- ¿Qué va a suceder con los presupuestos de 2012? ¿Barajan prorrogar los de 2011?
R.- En ningún momento nos hemos planteado prorrogar los presupuestos de este ejercicio. Esa decisión hubiera sido un mensaje de decaimiento y frustración. No nos podemos permitir prorrogar un presupuesto.

Evidentemente, el 1 de octubre no estarán los presupuestos y por ello los plazos se retrasan. Si ésa es toda la queja política, la respuesta es que es imposible cumplir los plazos si se toma posesión a mediados de julio. Los presupuestos estarán listos en noviembre.

P.- ¿Qué opina de la reforma de la Constitución para el establecimiento del techo de gasto de las Comunidades Autónomas?
R.- La propia Ley Orgánica de Estabilidad por el hecho de serlo ya está reforzada con una mayoría. Por ello, el querer incluir este asunto en la Constitución puede tener un cierto componente de visualización.

Además, hacer una reforma de la Constitución a dos meses vista del cierre de un período político me parece un dislate. No sé qué diferencia hay entre esto y lo que se podría haber hecho hace un año y medio salvo que haya habido alguna pulsión política externa. A mí me hubiera gustado que esta reforma se hubiera llevado a cabo con un nuevo Gobierno en Madrid y con una gran lealtad por parte de todas las formaciones políticas.

Garcés está dispuesto a hacer pedagogía de su área para que el ciudadano entienda su labor

P.- Usted dirige un área muy técnica dentro del Gobierno autonómico cuya labor y decisiones son arduas para los ciudadanos. Pese a ello, ¿cree que falta una cierta pedagogía en la sociedad sobre sus cometidos?
R.- Uno de los primeros mandatos que recibí de la presidenta de Aragón fue ése precisamente: hacer pedagogía. Habitualmente se hace todo lo contrario, el mensaje hacendístico se pone a un nivel muy superior para que nadie lo entienda. Así se pueden esconder los posibles desajustes o desequilibrios.

El ciudadano tiene que entender que el déficit es la diferencia entre lo que se gasta y lo que se ingresa. Funciona como en una familia. Entra una cantidad de ingresos y se gasta otra. La pregunta que se puede hacer una familia es si está dispuesta a gastar más de lo que ingresa, aun a riesgo de que el nivel de renta disminuya. La economía pública es básicamente lo mismo.

Por ejemplo, es bueno que la sociedad conozca que una décima de déficit público en Aragón son 33 millones de euros. Por eso, cada vez que se haga una inversión y cueste algo, quisiera que se entienda en estos términos. 

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