Zaragoza.- El Obispado de Lérida emitió tres facturas contra el Museo de Lérida Diocesano y Comarcal (del cual el Obispado de Lérida es ya miembro) por concepto de "asesoramiento jurídico y administrativo y defensa de la integridad de la colección". El importe de las facturas asciende a casi 60.000 euros.
Así lo ha asegurado el abogado de los legítimos propietarios de estos Bienes, Jorge Español, quien mantiene que es “difícil contemplar que el Museo de Lérida, en el que están la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento de Lérida, necesite precisamente asesoramiento jurídico y administrativo del Obispado de Lérida, cuando estas administraciones públicas, si de algo pueden presumir, es de tener los mejores servicios jurídicos y administrativos”. “
Español ha señalado que el Obispado de Lérida, una entidad canónica sin ánimo de lucro, "no puede prestar servicios jurídicos retribuidos, y menos sin cobrar el IVA (que lo omite en las facturas), porque el asesoramiento jurídico en España es labor exclusiva de los abogados y hay que estar dado de alta en el impuesto de actividades económicas para prestar asesoramiento jurídico".
Las facturas no las firma ningún abogado, sino el entonces vicario general del Obispado de Lérida Juan Ramón Ezquerra, que es sacerdote. Por ello, según el letrado, queda claro que el origen del problema no son las administraciones públicas "como el obispo Piris viene proclamando, sino el mismo Obispado de Lérida, verdadera punta de lanza del problema, que hasta cobra a las administraciones públicas para evitar la devolución de las piezas al Obispado de Barbastro-Monzón”.
Asimismo, Español ha recordado que la Ley de Subvenciones prohíbe terminantemente subvencionar el asesoramiento jurídico, pues cada uno debe pagarse sus propios pleitos, añade Español, que ha asegurado que el Juzgado de Instrucción número 2 de Lérida ha ordenado que estos hechos sean motivo de una nueva denuncia.
Ante todo ello, el letrado ha anunciado que presentará una denuncia por si se hubiesen podido cometer los presuntos delitos de malversación de fondos públicos, falsedad e intrusismo profesional.
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