El Estatuto de Autonomía establece en su artículo 109 que a la Comisión Mixta de Asuntos Económico-Financieros Estado- Aragón le corresponde, entre otras cuestiones, estudiar las inversiones que el Estado realizará en la Comunidad y acordar las condiciones de la cesión de tributos de titularidad estatal y, especialmente, los porcentajes de participación en el rendimiento de impuestos cedidos parcialmente.
Sin embargo, un presupuesto más, este artículo vuelve a ser ninguneado por el Gobierno central, quien fija las partidas para la Comunidad sin antes negociarlas en este órgano bilateral. Esto hace que año tras año las reivindicaciones históricas no tengan reflejo en las cuentas estatales y que la financiación que llega hasta el territorio no sea la adecuada para asegurar su desarrollo.
El Estatuto vuelve a ser una vez más sorteado por los poderes madrileños, a pesar de ser la norma más importante de la Comunidad y su herramienta más poderosa para conseguir un mayor autogobierno. Su lento desarrollo hace que desde su aprobación en el año 2007 solo se haya transferido aproximadamente un tercio de las competencias que aparecen contempladas en el texto.
El Gobierno de Aragón siempre ha sido consciente de que el desarrollo estatutario no se llevaría a cabo en un par de años. Pero un lustro después, el avance sigue siendo lento, a pesar de aparecer contemplado en el pacto de gobernabilidad del Partido Popular y el Partido Aragonés su desarrollo e impulso.
Estos segundos presupuestos del Partido Popular deben suponer un punto de inflexión en el trato a Aragón y la demostración de que los populares tienen más en cuenta a la Comunidad que sus antecesores. El PP siempre ha criticado el escaso peso de los dirigentes socialistas en Madrid, pero cuando las tornas han cambiado la situación sigue siendo la misma. Aragón necesita más que nunca que las obras del Pacto del Agua, los desdoblamientos de la N-232 y la N-II y las conexiones transfronterizas tengan reflejo en las cuentas. Su impulso es urgente, su ausencia una clara evidencia de que el actual Gobierno central tampoco tiene en cuenta a esta tierra.